La magistrada federal, Luz Elba de la Torre Orozco, quien actualmente se encuentra en campaña para refrendar su cargo en la elección judicial del 1 de junio, tiene en sus manos una de las resoluciones más delicadas de los últimos años: revocar la suspensión a una orden de aprehensión contra presuntos artífices de la 'narcofosa' más grande encontrada en los últimos años, la de Salvatierra, Guanajuato, donde fueron hallados 80 cuerpos.
Una resolución de la magistrada del Tribunal de Justicia de Guanajuato, Gabriela Berenice Pinedo Amador, está siendo revisada por la magistrada federal debido a posibles inconsistencias en su determinación de liberar a personas ligadas al Cártel de Santa Rosa de Lima.
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Los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quienes llevan el caso de la familia Barajas Piña, padre y madre de una de las jóvenes halladas en el cementerio clandestino, denuncian “irregularidades” en el proceso debido a que “viola el derecho al acceso a la justicia y a la participación de las víctimas”.
Los Barajas temen represalias de los delincuentes ligados al Cártel de Santa Rosa de Lima, y acusan “corrupción” en el sistema de justicia local.
A los profesores José y María, primero les desaparecieron a su hija Lupita y sólo unos meses después, cuando su otro hijo, Javier, se sumó a las labores de búsqueda, también se lo asesinaron. A estos atroces hechos se le suma que ahora una sala penal en Guanajuato dictó una resolución inaudita: la liberación de los artífices tanto de las desapariciones como de la fosa irregular.
La Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guanajuato suspendió la orden de aprehensión en contra de Carlos Manuel Calderón Cardoso y de Julio César Zamudio Villagómez, quienes según las investigaciones habrían sido parte del grupo criminal que opera en la zona del Cártel de Santa Rosa de Lima.
Es esta organización criminal que fundara el narcotraficante José Antonio Yépez Ortiz, conocido como El Marro, la que habría enterrado a 80 personas en la fosa clandestina dentro de un predio en una colonia totalmente habitada en el municipio de Salvatierra, un pueblo mágico. Esta se convertiría en la sepultura irregular más grande encontrada durante los últimos años.
Primero Lupita, luego su hermano
La fosa fue descubierta tras la desaparición de Guadalupe Barajas Piña, ‘Lupita’, una joven profesora que fue secuestrada el 29 de febrero de 2020 cuando salió de su casa hacia el centro de Salvatierra. Ese día empezaría la búsqueda por parte de sus padres, los profesores Javier Barajas y María Piña.
De hecho sería una llamada telefónica en marzo del 2020 a la profesora María del Tránsito Piña la que revelaría una verdad atroz: “a su hija se la llevó El Grillo y El Chore”, le informó una voz anónima, distorsionada, que colgó antes de que la señora pudiera hacer preguntas. Ahora se sabe que eran personas vinculadas al cártel.
La profesora recibiría una segunda llamada, la definitiva, tres meses después a las 16:00 horas en un día de junio:
“Se lo prometí a la maestra Lupita. Busque detrás de la Bachoco”, le soltó una mujer a la profesora María del Tránsito. “¿En dónde? ¿En Celaya?”. La mujer le respondió que afuera de una fábrica de huevos a un costado de una aceitera y un rastro en Salvatierra, Guanajuato, en los márgenes del Río Lerma. “Busque y va hallar algo”, agregó y colgó.
En octubre de ese año los profesores, junto con un grupo de familiares de personas desaparecidas y las autoridades, encontrarían 80 cuerpos en un espacio de 600 metros cuadrados. Desde ese día la familia siguió buscando y encontró más fosas clandestinas.
La prueba de que los hallazgos enfurecieron al cártel es que el 29 de mayo de 2021, Francisco Javier, su hijo, fue asesinado y los señores Barajas tuvieron que exiliarse.
En 2023, finalmente inició un juicio doloroso, que parecía que sentaría un precedente judicial en el tema de las fosas clandestinas en México. La Fiscalía local encontraría que entre los artífices de la fosa de Salvatierra se encontraban Carlos Manuel Calderón Cardoso y Julio César Zamudio Villagómez, vinculados al cártel que opera en la zona. Sin embargo, desde el pasado mes de enero el proceso judicial se ha vuelto una pesadilla para la familia Barajas.
Una liberación sospechosa
Las alarmas se prendieron el 9 abril de 2025, cuando los profesores tuvieron conocimiento de que Calderón Cardoso había sido detenido por las autoridades.
Los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quienes acompañan a Javier y María, tuvieron conocimiento casi de manera inmediata que la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guanajuato había concedido un recurso que suspendía la orden de aprehensión en su contra.
La resolución de la magistrada Gabriela Berenice Pinedo Amador les pareció inaudita y sin sustento, puesto que se basó en el artículo 191 de la Ley de Amparo, que no se relaciona con el debido proceso y no ordena la liberación de nadie.
La irregularidad en la liberación llegó a tal grado que se emitió sin notificarles a las víctimas, “violando su derecho al acceso a la justicia” e impidiendo su participación, acusa el Centro Pro.
“El desplazamiento forzado que viven los profesores impide que ejerzan sus derechos directamente y dependen de las autoridades, que han mostrado falta de coordinación y opacidad (entre la Fiscalía, la Comisión de Víctimas y el Poder Judicial de Guanajuato)”.
Lo mismo sucedió con otro de los imputados en los crímenes, Julio César Zamudio Villagómez, quien fue liberado tras interponer un amparo para lograr la misma suspensión en su orden de arresto.
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Pasean como sin nada
Los profesores realmente están desconcertados: no entienden cómo, pese a todas las evidencias que existen en contra de los dos integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima, la magistrada Gabriela Berenice Pinedo Amador pudo dar pie a esta liberación, que además les pone en riesgo.
La profesora María del Tránsito dice en entrevista con MILENIO que han sido días de mucha angustia y de impotencia al presenciar tanta impunidad. Que las medidas en favor de quienes enterraron a su hija en esa fosa y después asesinaron a su hijo Javier los deja en total indefensión y a merced de los criminales.
“Andan fuera los dos [inculpados], y saber que ellos han sido premiados con una boleta de libertad…. con la mano en la cintura, que nos hagan esto deja a nuestro corazón con mucho dolor y mucha impotencia y emociones encontradas. Los compañeros en Salvatierra de nuestro colectivo (de búsqueda) y nuestras familias están en riesgo”, dice.
Dice que han recibido información de que Carlos Manuel Calderón Cardoso se pasea por todo Salvatierra como si nada, lo que tiene aterrorizada a la comunidad y a las familias que continúan en la búsqueda de sus familiares en las diferentes fosas clandestinas del lugar.
El profesor Javier Barajas también está anonadado: no puede creer que esto esté ocurriendo. Dice que las autoridades nunca les avisaron que fueron liberados a pesar del riesgo que corren ellos, sus familias y los colectivos.
“No queremos venganza, queremos justicia (...) no es posible que haya premio para individuos que se dedican a desaparecer personas como si fueran chicles o dulces”, dice a este diario con indignación y la voz quebrada.
Señala que las personas que desaparecieron a su hija también atacaron a otras 79 personas, de las cuales 64 ya han sido identificadas.
“Hay muchas amedrentaciones y sobornos tanto para fiscalías como para personas de alto nivel, hay mucha corrupción e intereses personales, a mí no me queda duda, no puedo decirlo de otra manera. Cualquier persona sensata que vea lo que está pasando lo pensará de igual manera”, apunta Barajas.
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Caso a revisión
César Contreras, litigante del Centro de Derechos Humanos y quien acompaña a los profesores en este caso, coincide en que es un asunto inaudito ya que es una medida de impunidad y que la ley era muy clara y no estaba sujeto a interpretación.
Es claramente una violación a la ley, una medida que propicia la impunidad y pone en riesgo la vida y la integridad de los profesores, de las familias y, en general, de la comunidad de Salvatierra.
Es por eso que el 8 de mayo se abrió un incidente por exceso en el cumplimiento de la suspensión de la orden de aprehensión de Carlos Manuel Calderón Cardoso, ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Circuito Judicial de Guanajuato, esto es, del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Dicho incidente tiene como finalidad que se determine que el dictado de este tipo de medidas suspensivas dentro de un juicio de amparo directo, como en este caso es la libertad de los presuntos responsables, se considere inusitado y excesivo con los límites previstos en la Ley de Amparo, por lo que la autoridad debe corregir esta determinación para efecto de que el imputado quede a disposición del Tribunal Colegiado, permitiendo con ello su reaprehensión.
El proyecto de resolución de este incidente está a cargo de la magistrada Luz Elba de la Torre Orozco, adscrita al Primer Tribunal Colegiado en materia Penal del Decimosexto Circuito con sede en Guanajuato, cuya decisión podría regresar a prisión a este integrante del Cártel de Santa Rosa de Lima.
La juzgadora está actualmente en campaña en la elección judicial, busca mantenerse en el cargo por medio del voto. Ella es magistrada federal debido a que el Tribunal Colegiado es parte del Poder Judicial de la Federación.
La defensa de los agredidos paralelamente prepara acciones legales para conseguir que Julio César Zamudio Villagómez regrese a prisión.
