Un Tribunal Federal acaba de frenar la extradición del ex presidente del Congreso de Guatemala, Luis Armando Rabbé Tejada, quien ha dicho que es un “perseguido político” y que es requerido en su país para ser juzgado por los presuntos delitos de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción.
Según el gobierno de Guatemala, el político autorizó contrataciones de personal no calificado, cuando presidió la Junta Directiva del Congreso entre 2015 a 2016, mismos que percibían entre 8 mil y 20 mil quetzales mensualmente, sin que se presentaran a laborar.
El pasado 8 de junio, la Fiscalía General de la República (FGR) comunicó al extranjero que debía presentarse al día siguiente en las instalaciones de la institución en Monterrey, Nuevo León, para ejecutar su entrega.
Sin embargo, el día de la notificación, el ex congresista promovió un amparo y el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en Nuevo León, José Reynoso Castillo, le otorgó una suspensión de plano, sin admitir a trámite la demanda, por considerar que se trata de un acto que de llevarse a cabo sería de difícil reparación.
Rabbé Tejada presentó una serie de documentos que supuestamente acreditan que tiene la calidad de “refugiado” en nuestro país.
Después, el juez decidió declinar competencia y el asunto comenzó a ser estudiado por la jueza Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal, María Catalina de la Rosa Ortega, quien convalidó la suspensión de plano y admitió la ampliación de la demanda.
La FGR impugnó la resolución, pero por unanimidad los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México declararon infundado el recurso de queja y confirmaron la suspensión de plano que impide la entrega de Armando Rabbé.
El ex congresista litiga desde hace dos años para no ser entregado a Guatemala, e incluso un juez federal ya había solicitado al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, analizar detenidamente el caso porque hay indicios que hacen presumir que es un “perseguido político”.
El 24 de septiembre 2020, en una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, la FGR informó que los delitos por los cuales es requerido no son de índole político, sino contra la administración pública.
No obstante, en una audiencia anterior, al analizar las pruebas expuestas, la jueza de control determinó que hay “sospechas” que generan la posibilidad de que, como lo mencionó Rabbé Tejada, se pretenda perseguirlo por sus ideas políticas y por los actos que realizó contra los intereses de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG).
Por este motivo, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal resolvió otorgar un amparo al ex congresista, sentencia que dejó sin efecto la resolución del 8 de mayo de 2019, relativa a la solicitud de extradición presentada por Guatemala.
Esto provocó que se solicitara a la SRE analizar si la CICIG, entidad creada por las Naciones Unidas para juzgar a Rabbé, incurrió en excesos, ante las sospechas de que presionó a jueces para conseguir fallos y comenzar una persecución a quienes opinan políticamente diferente
En julio de 2018, Armando Rabbé fue detenido en la ciudad de Monterrey por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en cumplimiento a una orden de captura internacional solicitada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
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