La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) aseguró que la implementación de la reforma judicial, contraviniendo las suspensiones que ordenan frenarla, pone en grave riesgo la viabilidad del Estado de Derecho y la legitimidad democrática del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, al generar una crisis constitucional.
Por ello, hizo un llamado urgente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a la civilidad democrática, al respeto a las instituciones y a la adopción de decisiones que se apeguen estrictamente a la División de Poderes y la legalidad.
A través de un comunicado difundido esta mañana, la Jufed también expresó su rechazo a la determinación tomada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de participar en la ejecución de la reforma judicial en desacato a las suspensiones emitidas por el Poder Judicial de la Federación (PJF), sin establecer un diálogo con los juzgadores directamente involucrados, lo cual, dijo, vulnera gravemente el marco institucional y legal que rige nuestro país.
???? #COMUNICADO Actuación de Gobierno de Claudia Sheinbaum genera una crisis constitucional. El #CJF, desacató determinaciones judiciales que estaba obligado a cumplir y vulneró el marco jurídico. pic.twitter.com/M0Zoc4050q
— Juzgadoras y Juzgadores Federales (@jufed_org) October 10, 2024
“En este contexto, quienes integramos esta Asociación, señalamos que el incumplimiento de las suspensiones otorgadas por personas juzgadoras federales para frenar dicha reforma constituye una clara ruptura del Estado de Derecho y una violación directa a la División de Poderes, pilar fundamental del sistema democrático en México. El respeto a las decisiones judiciales es una condición indispensable para la preservación de la legitimidad y la confianza en nuestras instituciones”, apuntó.
Asimismo, manifestó su preocupación ante la decisión de llevar a cabo un sorteo a través de una “tómbola” para seleccionar a jueces y magistrados federales que serán sustituidos en 2025.
Consideró que este mecanismo transgrede los derechos humanos de las personas juzgadoras, genera una peligrosa falta de certeza y atenta contra los principios básicos de estabilidad y continuidad institucional.
Esta medida, abundó, representa una forma inusual e inapropiada de modificar la configuración de uno de los Poderes del Estado, violando toda técnica legislativa y constitucional, y sienta un precedente peligroso para la independencia judicial.
“La implementación de la reforma judicial, contraviniendo las suspensiones otorgadas, pone en grave riesgo la viabilidad del Estado de Derecho y la legitimidad democrática del gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum al generar una crisis constitucional”, advirtió.
Finalizó diciendo que la independencia y estabilidad del Poder Judicial son esenciales para la salud democrática de nuestro país y cualquier intento de socavarlas debe ser firmemente rechazado.
rarr
