La Procuraduría General de la República (PGR) y las fiscalías de Sonora, Quintana Roo, Chihuahua y Veracruz han investigado, cada una según sus atribuciones, a más de 250 personas relacionadas con ex gobernadores señalados por malos manejos de recursos, dieron a conocer funcionarios federales.
Como parte de sus indagatorias, la PGR ha solicitado, hasta el momento, la aprehensión de los ex mandatarios de Sonora y Veracruz, Guillermo Padrés Elías (preso) y Javier Duarte (prófugo).
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Los funcionarios consultados comentaron que la PGR analiza diversas denuncias contra César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, y Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo; este último hace unos días fue acusado por presuntamente vender tierras que pertenecen a la reserva territorial del estado.
Mencionaron que la institución fue alertada en su momento, por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de las supuestas malas actuaciones de algunos ex servidores públicos.
Recordaron que durante las gestiones de César Duarte, Javier Duarte y Roberto Angulo se crearon fiscalías anticorrupción a modo, lo que llevó a la PGR a promover acciones de inconstitucionalidad en las que impugnó las modificaciones aprobadas en Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo, con las que se pretendían blindar los ex mandatarios.
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Al final, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales las leyes anticorrupción de Chihuahua y Veracruz, que permitía fiscalías, contralores y magistrados a modo; en Quintana Roo, el congreso local ajustó sus leyes a la Constitución.
Los funcionarios federales señalaron que la situación más crítica se detectó en Veracruz, donde Javier Duarte presumiblemente orquestó una red, a través de prestanombres y empresarios, para invertir los recursos que pertenecían al gobierno estatal; el dinero no solo fue a parar a empresas fantasma, residencias en México y el extranjero, sino que se cree que hasta en plantaciones.
Por esa razón son investigados Moisés Mansur Cysneiros, amigo cercano de Duarte y buscado por la PGR; Carlos Cabal, de quien hasta el momento no se ha podido establecer su verdadera identidad; José Juan Janeiro Rodríguez y Rafael Gerardo Rosas Bocardo, a quienes se acusa de la compra de bienes inmuebles, tanto en México como en Estados Unidos.
Igualmente Santa Bartola Acuña, Miguel Velázquez Nieva y Javier Nava Soria, representantes legales de las mencionadas compañías.
OVM
