El martes 17 de febrero, después de más de una década en prisión, Tomás Gabriel Crisanto volvió a cruzar una puerta sin candados. Recuperó su libertad mediante una amnistía concedida por la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México (PJEM).
“Es algo que no me lo puedo creer, porque después de tantos años, trece años privado injustamente, y hasta que se comprobó la verdad. Gracias a Dios me dieron la libertad y aquí estoy”, cuenta incrédulo.
Su voz se quiebra al recordar el momento de su salida de la cárcel de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, donde sobrevivió 13 años acusado de un crimen que no cometió. “Lo primero fue abrazar a mi esposa, porque uno extraña a su familia, a sus seres queridos”, dice.
Aunque obtuvo su libertad, hubo un abrazo que ya no pudo dar. Durante su reclusión murió su única hija, de 20 años, a causa de leucemia. Ella estudiaba Derecho porque soñaba con ver algún día a su padre fuera de prisión.
“Cuando estaba privado de mi libertad, falleció mi hija; ella estaba estudiando para que me pudiera ayudar, pero desgraciadamente falleció y, al salir, no pude ni abrazarla.” Cuenta, con lágrimas que caen de su rostro.
Este testimonio forma parte de una investigación realizada por MILENIO, que da voz a las historias de personas olvidadas por el sistema de justicia.
El caso de Tomás Gabriel Crisanto refleja cómo la pobreza y la pertenencia a un pueblo originario pueden marcar el destino de quienes enfrentan procesos judiciales sin traductores ni defensa adecuada, y evidencia las profundas desigualdades que persisten en las cárceles del Estado de México.
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Una detención que cambió su vida
Tomás, un hombre indígena otomí originario de Jiquipilco el Viejo, en el municipio de Temoaya, fue detenido tras acudir a denunciar a su sobrino por haber disparado contra un hombre en 2013. La víctima murió.
Sin orden de aprehensión, relata que fue subido a una camioneta al salir de la Fiscalía con sede en Lerma y recluido en el penal de Almoloya de Juárez.
“Yo voluntariamente me presenté para declarar quién había sido. Nada más dijeron: ‘se va para Almoloya, no se va a tardar, ahorita regresa’”, relató.
Durante su proceso judicial no contó con un traductor indígena, a pesar de que hablaba principalmente su lengua materna y desconocía las leyes.
“Yo no sabía ni qué era un proceso, no me pusieron traductor, hablaba otomí al cien por ciento y apenas había cursado hasta tercero de primaria. Uno desconoce las leyes y es cuando somos más humillados, maltratados”, explicó.
Pese a que —asegura— los propios testigos declararon a su favor y su sobrino se entregó, fue sentenciado a 44 años de prisión. “Cuando uno es inocente, la verdad es muy feo, muy triste, porque es algo que nunca cometiste”, indicó.
La vida tras los muros
El encierro no solo implicó la pérdida de la libertad, sino enfrentarse a condiciones humillantes, sostiene Tomás. La comida, por ejemplo, era insuficiente y en algunas ocasiones los internos se quedaban con hambre, lo que los obligaba a adquirir un pan por 12 pesos y un café por cinco pesos para ir pasando los días.
“La cárcel es un lugar donde, si tienes dinero, sobrevives, y si no, la verdad, no. Las celdas las abrían a las siete de la mañana y cerraban a las seis o a las ocho; tenías que ayudar con las labores”, comentó.
En la prisión, señala Tomás, la mayoría son inocentes y personas de bajos recursos, porque a los ricos se les da un trato diferente y logran salir del encierro.
“La cárcel es para los pobres. Yo me di cuenta porque todos los que estábamos ahí somos de pueblos. Su familia empieza a olvidarlos porque ya no alcanza para ir a visitarlos; son gastos, es tiempo”, narra.
Dentro del penal terminó la primaria y aprendió oficios. El estudio y los talleres, cuenta, fueron una forma de resistir y sobrevivir al encierro. “Aprendí a hacer carteras, cinturones, todo tipo de piel. Le empecé a echar ganas a la escuela porque quería aprender a hablar mejor español”, comenta, mientras sostiene una cartera hecha por sus manos.
La lucha por la libertad
Fue más de una década de encierro, de procesos judiciales que —asegura— nunca entendió del todo, de pérdidas irreparables y de una larga batalla en busca de justicia.
En medio de la incertidumbre, su esposa Carmen emprendió una lucha incansable. Contó con el respaldo del colectivo Haz Valer Mi Libertad y de abogados solidarios, logrando que el caso fuera revisado hasta obtener su liberación por amnistía.
“Empezó a luchar día y noche, todos los días, hasta que se comprobó mi inocencia”.
Pero la libertad tuvo un costo alto: para cubrir la reparación del daño, la familia tuvo que empeñar su casa y reunir más de 647 mil pesos, de los cuales la mitad fue aportada por el gobierno del Estado de México.
“A pesar de los 13 años, otra cantidad más. Nos dejaron en la calle, volver a empezar de cero, pero libres, sí, gracias a Dios, libres”, indica con una mezcla de alivio y dolor.
La hija que no volvió a ver
Nada mitigó el dolor más grande: la muerte de su única hija. Fue diagnosticada con leucemia y desde la prisión hablaba con ella tres veces al día, hasta que llegó el momento en que ya no contestó. “La última vez que le hablé ya no me contestó; de momento falleció”.
La dejó a los 13 años, recuerda, cuando cursaba el segundo año de secundaria. Él la acompañaba todos los días a la escuela y estaba muy contento de que su hija tuviera la oportunidad de estudiar, aunque ya no la volvió a abrazar.
“No tuve el gusto de abrazarla cuando salió de la secundaria, ni de la preparatoria, ni cuando entró a la universidad”, recuerda.
Volver a empezar y luchar por la justicia
A los 53 años, y tras haber sido detenido a los 40, Tomás enfrenta un mundo distinto al que dejó: su pueblo es diferente y la vida afuera cambió. “Para mí los 13 años se detuvieron totalmente… no había sábado ni domingo, todos los días eran iguales”, menciona.
Aunque ahora no tiene un plan definido y no sabe si regresará al comercio de temporada —que era su ingreso antes de su detención—, sí tiene una certeza: “Ahorita lo único que quiero es estar con mi esposa, disfrutar… he aprendido que mañana es otro día”.
Lejos de replegarse, Tomás asegura que continuará acompañando a otras personas privadas de la libertad que, como él, se dicen inocentes. Señala que seguirá participando en marchas y plantones del colectivo, con la firme convicción de que su historia no debe repetirse.
“Así como me apoyaron ellos, les quiero apoyar con el mismo favor. Conocí a muchas personas que están injustamente presas. Gracias a Dios estoy libre, pero es algo que no puedes creer, que la justicia sea así”, concluyó.
Amnistía en el Estado de México
La Ley de Amnistía en el Estado de México fue aprobada en 2020 y entró en vigor el 5 de enero de 2021. Es un mecanismo legal que tiene por objeto garantizar la liberación de personas injustamente presas o que cometieron algún supuesto delito, que se encuentran en situación de pobreza o enfrentan condiciones de vulnerabilidad y discriminación.
Aplica para personas campesinas o pertenecientes a pueblos originarios y comunidades indígenas que hayan defendido legítimamente sus tierras o que no hayan contado con intérpretes indígenas.
También contempla casos de criminalización del aborto, algunos supuestos de delitos contra la salud, robo sin violencia, adultos mayores, personas con discapacidad o quienes hayan sufrido violaciones graves a sus derechos humanos durante el proceso penal.
Al corte del 18 de noviembre de 2025, el Poder Judicial estatal ha recibido 6 mil 326 solicitudes de amnistía, de las cuales 3 mil 128 han sido concedidas.
De esta cifra, solo 201 fueron para mujeres, es decir, 6.47 por ciento, mientras que 2 mil 927 correspondieron a hombres, que representan 93.57 por ciento. Además, 98.66 por ciento de las amnistías son por robo; el resto, por delitos contra la salud, abigeato y homicidio, entre otros.
La solicitud puede presentarse ante el Poder Judicial del Estado de México o la Comisión Especial de Amnistía del Congreso local, con apoyo de la Defensoría Pública, y puede intervenir la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).
Ante el PJEM, la solicitud de amnistía deberá presentarse por escrito o por medios electrónicos ante el juez competente, acreditando la calidad con la que se acude a solicitarla, el supuesto por el que se considera que podría ser beneficiario y adjuntando los medios de prueba que sustenten la petición, así como solicitando, en su caso, la integración de aquellos que no estén a su alcance.
Población indígena en prisión
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que, en México, 3.5 por ciento de la población carcelaria pertenece a un grupo indígena, lo que representa 8 mil 175 personas privadas de la libertad al cierre de 2023.
Del total, se reportó que las personas originarias del pueblo náhuatl concentran 18.8 por ciento; zapoteco, 9.3; mazateco, 7.0; maya, 6.6, y tzeltal, 6.5 por ciento.
En el caso de las etnias mazahua y otomí —cuya mayoría se concentra en el Estado de México— corresponden 2 y 5.3 por ciento, respectivamente.
AH
