A finales de abril de este año, la fiscalía estadunidense publicó una acusación por narcotráfico en contra de Rubén Rocha Moya, entonces gobernador de Sinaloa, y otras nueve personas, tanto exfuncionarios como trabajadores en activo. Uno de ellos fue Dámaso Castro Zaavedra, quien renunció a la Vicefiscalía General del estado después de permanecer seis meses con licencia.
La salida de Castro Zaavedra es parte de los movimientos que han ocurrido desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó los cargos, entre los que se encuentra la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya, de Juan de Dios Gámez Mendívil, que se desempeñaba como alcalde de Culiacán, o el senador Enrique Inzunza, que abandonó Morena y se mantiene en funciones.
Tras la confirmación de renuncia del vicefiscal, aquí te contamos cuál es la situación en que se encuentran los diez señalados de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Dámaso Castro, señalado por brindar protección y filtrar información
El caso del exvicefical general es el más reciente. De acuerdo con el expediente estadunidense, Castro Zaavedra habría recibido pagos mensuales de aproximadamente 11 mil dólares, equivalentes a cerca de 200 mil pesos, a cambio de proporcionar protección a integrantes de Los Chapitos y compartir información sobre las acciones de las autoridades contra sus actividades.
Los señalamientos también indican que el entonces funcionario habría filtrado información sobre investigaciones, cateos y operativos de seguridad, lo que habría permitido a integrantes de la organización criminal evitar detenciones y retirar cargamentos o desmantelar laboratorios antes de las intervenciones oficiales.
En los documentos de Estados Unidos, el funcionario habría sido identificado con el alias de Culiacán Regio.
Tras la publicación de la acusación, Castro solicitó el 5 de mayo una licencia de seis meses sin goce de sueldo para atender los requerimientos institucionales y legales relacionados con los señalamientos.
Durante ese periodo, la Vicefiscalía quedó bajo la responsabilidad de José Roberto Quiñónez Coronado, quien continuará como encargado del despacho después de la renuncia de Castro, según informó Sánchez Kondo.
Rubén Rocha Moya, el personaje de mayor prominencia
Rubén Rocha Moya fue uno de los principales personajes señalados en la acusación estadunidense. Tras darse a conocer los cargos, solicitó licencia como gobernador el 1 de mayo de 2026, bajo argumento de que debía atender las investigaciones relacionadas con los señalamientos.
Su separación del cargo cimbró el clima político en Sinaloa, pues se trataba del mandatario estatal en funciones y uno de los principales personajes de Morena en la entidad.
En agosto, Rocha Moya anunció su intención de regresar a la gubernatura, luego de permanecer separado temporalmente de sus funciones. Sin embargo, semanas después, presentó su renuncia definitiva.
En todo momento, el exmandatario defendió su inocencia frente a los señalamientos de las autoridades estadunidenses. El gobierno federal solicitó información financiera relacionada con Rocha Moya y cuatro integrantes de su familia, como parte de las indagatorias sobre el caso.
Enrique Inzunza volvió al Senado y dejó la bancada de Morena
Enrique Inzunza Cázarez, quien se desempeñó como secretario general de Gobierno durante la administración de Rocha Moya, también se encuentra en la acusación.
Después de que se conocieron los señalamientos, el legislador permaneció fuera de la actividad pública durante varios meses y se mantuvo en Sinaloa.
El 31 de agosto de 2026 reapareció en el Senado de la República para participar en la elección de la Mesa Directiva. En esa ocasión rechazó las acusaciones y aseguró que no existían pruebas que demostraran su responsabilidad.
Además, dejó la bancada de Morena para continuar como senador independiente. Inzunza también compareció ante la Fiscalía General de la República el 26 de mayo, como parte de las diligencias ministeriales relacionadas con las acusaciones estadunidenses.
El legislador manifestó su disposición para atender los requerimientos de las autoridades y negó tener vínculos con el narcotráfico.
Juan de Dios Gámez pidió licencia al gobierno de Culiacán
Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán, solicitó licencia para separarse de sus funciones después de que se hicieron públicos los señalamientos del Departamento de Justicia.
El alcalde fue acusado de participar en una presunta conspiración relacionada con el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, además de delitos relacionados con la posesión de armas y dispositivos explosivos.
Gámez Mendívil también acudió a la FGR en mayo para atender un citatorio relacionado con las investigaciones. Su comparecencia formó parte de las diligencias realizadas por la institución federal contra los funcionarios señalados.
El 1 de noviembre venció el periodo inicial de su licencia. Por el momento, Ana Miriam Ramos Villarreal permanece al frente del ayuntamiento de Culiacán, sin que se haya definido la reincorporación de Gámez Mendívil o el nombramiento de un nuevo presidente municipal.
Dos exfuncionarios se entregaron a las autoridades de EU
Entre los señalados, dos exfuncionarios se entregaron a las autoridades de Estados Unidos y quedaron bajo custodia: Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega.
Díaz Vega se desempeñó como secretario de Administración y Finanzas durante el gobierno de Rocha Moya. El 15 de mayo de 2026 se informó que se había entregado a las autoridades estadunidenses en Nueva York, aunque no ha sido presentado públicamente en audiencias ni aparece en los registros del Buró de Prisiones de aquel país.
El exfuncionario enfrenta cargos relacionados con conspiración para importar narcóticos, así como posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Por su parte, Gerardo Mérida Sánchez, general en retiro y extitular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, se entregó el 11 de mayo en Arizona, después de cruzar la frontera por la garita de Nogales.
De acuerdo con las indagatorias, el exsecretario habría recibido sobornos de integrantes de Los Chapitos a cambio de proporcionar información anticipada sobre operativos de seguridad dirigidos contra laboratorios clandestinos.
Después de su detención, fue trasladado a Nueva York para enfrentar los cargos presentados por la Fiscalía del Distrito Sur de esa ciudad. En agosto salió de la prisión en Brooklyn, aunque posiblemente siguió bajo custodia federal y colaborando con Estados Unidos.
¿Qué pasó con los mandos policiales señalados?
Los otros tres acusados son exintegrantes de corporaciones de seguridad de Sinaloa: Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito. A ellos se suma Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán.
Marco Antonio Almanza Avilés fue jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado. El exmando acudió el 26 de mayo a las instalaciones de la FGR en Culiacán para rendir una entrevista ministerial, como parte de la investigación abierta en México.
Luego, el 30 de mayo, reapareció en un video, un día después de que trascendiera información sobre una posible entrega a las autoridades estadunidenses.
Alberto Jorge Contreras Núñez, identificado con el alias de Cholo, también fue jefe de la Policía de Investigación de Sinaloa. Después de los señalamientos, recurrió a un amparo para evitar una posible detención y extradición.
En junio se tuvo conocimiento de que fue solicitada para el exmando una pensión por retiro anticipado, por 67 mil pesos, según una iniciativa que se presentó en el Congreso de Sinaloa; sin embargo, se desconoce en qué situación se encuentra el proyecto.
José Antonio Dionisio Hipólito, conocido como Tornado, fue subdirector de la Policía Estatal. También promovió un amparo para evitar ser detenido y extraditado a Estados Unidos, pero su solicitud fue negada.
Por último, Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, se desempeñó como comandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán. Su nombre aparece en la acusación estadunidense, pero hasta la información pública disponible no se ha confirmado una detención ni una comparecencia ante la FGR.
¿Qué investiga Estados Unidos contra las diez personas?
La acusación señala a los diez funcionarios y exfuncionarios de presuntamente participar en una estructura de colaboración con Los Chapitos.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, los acusados habrían recibido sobornos a cambio de utilizar sus posiciones dentro de las instituciones públicas para proteger a integrantes de la organización criminal.
Entre las conductas descritas en el expediente se encuentran la filtración de información sobre investigaciones y operativos, la protección de cargamentos de drogas y la intervención de corporaciones policiales para favorecer las actividades del grupo criminal.
Los cargos incluyen conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos y delitos relacionados con la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
ROA
