Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general de Sinaloa señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, presentó su renuncia a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa el 5 de noviembre, confirmó la fiscal general Claudia Zulema Sánchez Kondo.
El exfuncionario permanecía separado de sus responsabilidades desde mayo, cuando solicitó una licencia sin goce de sueldo por seis meses, después de que autoridades estadunidenses lo incluyeron en una acusación junto al gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, por presuntamente favorecer a una organización delictiva.
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Al ser cuestionada sobre la situación laboral de Castro Zaavedra y la posibilidad de que regresara a sus funciones tras concluir su licencia, Sánchez Kondo confirmó que su separación de la institución ya es definitiva.
“No, él presentó su renuncia a la institución la semana pasada, el día 5 de noviembre”, declaró.
¿Quién quedará al frente de la vicefiscalía?
La fiscal explicó que desde el momento en que Castro Zaavedra solicitó su licencia, se designó a un encargado de despacho para garantizar la continuidad de las actividades de la Vicefiscalía General.
Se trata de José Roberto Quiñónez Coronado, quien permanece al frente de esa área de la institución, sin que hasta el momento se haya anunciado un nombramiento definitivo.
“Desde el momento en que él solicitó su licencia, el permiso de los seis meses, se nombró a una persona encargada de la Vicefiscalía General”, explicó.
¿Por qué se había separado Dámaso Castro de la Fiscalía?
El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una acusación contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos Dámaso Castro Zaavedra y el gobernador Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con una organización de la delincuencia organizada.
De acuerdo con los señalamientos de las autoridades estadunidenses, algunos de los funcionarios mencionados habrían brindado protección e información a integrantes de un grupo criminal, además de presuntamente recibir beneficios económicos a cambio de favorecer sus operaciones.
En el caso de Castro Zaavedra, las acusaciones apuntaron a presuntos pagos a cambio de proporcionar protección e información relacionada con operativos de seguridad.
Por su parte, el gobernador Rubén Rocha Moya también fue mencionado en los señalamientos estadounidenses por presuntos vínculos con esa organización delictiva.
Después de que se hicieron públicas las acusaciones, Castro Zaavedra solicitó licencia a su cargo el 5 de mayo y posteriormente compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR), donde rechazó los señalamientos en su contra y manifestó su disposición a colaborar con las investigaciones.
Con la renuncia presentada el 5 de noviembre, concluye su relación laboral con la Fiscalía General del Estado, mientras que José Roberto Quiñónez Coronado continúa como encargado de despacho de la Vicefiscalía General.
rdr
