M+.- El gobierno de Donald Trump no piensa ceder ni un peso de los millonarios recursos que decomise al capo Ismael El Mayo Zambada, pues sus fiscales ya solicitaron al juez Brian Cogan una autorización para que todo quede bajo control de la administración estadunidense y no de terceros.
Esto, según explicaron a MILENIO fuentes consultadas del Departamento de Justicia, buscaría frenar o al menos dificultar que víctimas en México o incluso el gobierno mexicano pudieran reclamar parte de los recursos que se pretende asegurar al líder criminal, cuya organización delictiva operó en múltiples países del continente.
“Únicamente los Estados Unidos ostentarán el derecho de propiedad sobre las sumas de dinero pagadas por el acusado para satisfacer la sentencia monetaria de decomiso, una vez que el tribunal dicte la sentencia condenatoria”, indica la propuesta de orden de decomiso que los fiscales buscan que el juez autorice.
Aunque hasta ahora dicha orden no ha sido firmada, el juez Cogan ya ha dado muestras de que se inclina por autorizar una orden de decomiso en términos similares a la que pretenden obtener los fiscales.
Ello luego de que el viernes pasado desestimó la solicitud hecha por el abogado de la familia LeBarón para que no se autorizaran las restricciones de acceso a los recursos.
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Decomiso a El Mayo, parte de su castigo
“Esta no es la forma en que este proceso va a funcionar”, le advirtió el juez Cogan al abogado de los LeBaron, luego de subrayar que el eventual decomiso es una sanción impuesta a Zambada como resultado de un proceso donde la otra parte es exclusivamente el gobierno estadunidense, y que en todo caso habrá que esperar a que los recursos sean asegurados para explorar otra vía de posible reclamo.
Cabe recordar que el fiscal en jefe del Distrito Sur de Nueva York, Joseph Nocella, Jr., solicitó a Cogan que, como parte de la sanción a imponerse hoy al exlíder del Cártel de Sinaloa, se contemple, además de la prisión de por vida, un decomiso en dinero o bienes equivalente a 15 mil millones de dólares.
De autorizarse el monto, sería uno de los mayores decomisos de recursos autorizados en una sentencia. La cifra supera en casi dos mil 500 millones de dólares a la sanción económica impuesta en su momento a Joaquín El Chapo Guzmán.
La ruta del decomiso y blindaje
El 13 de julio, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos envió a la Corte su propuesta de orden de decomiso de los 15 mil millones de dólares con la finalidad de que sea autorizada y firmada por Cogan. La propuesta desarrolla en cinco páginas los alcances y rutas del aseguramiento de los recursos.
Los fiscales señalan que el monto es equivalente al nivel de ofensas y al beneficio económico que el capo mexicano ha obtenido a lo largo de su carrera criminal por la comisión reiterada de los delitos de narcotráfico y crimen organizado por los cuales ya se declaró culpable.
El documento no identifica una lista de propiedades, cuentas bancarias o bienes en específico, sino que establece el reconocimiento de una “deuda penal” a cubrir por el capo.
Si Zambada no entrega el dinero, entonces se habilitaría al gobierno para perseguir otros bienes del propio El Mayo hasta cubrir el monto pendiente. Todo ello sin necesidad de notificaciones de por medio.
“El acusado renuncia, a sabiendas y de manera voluntaria, a su derecho a cualquier notificación requerida en relación con el decomiso de los fondos o bienes decomisados en virtud del presente instrumento, incluida la notificación establecida en una acusación formal o pliego de cargos”, indica el documento.
En la práctica, eso significa que el gobierno puede usar investigación patrimonial, congelamiento y órdenes de entrega para localizar activos del acusado.
Son susceptibles de ser decomisados aquellos recursos considerados como una ganancia directa del delito; aquellos bienes muebles o inmuebles utilizados para facilitar las actividades delictivas; e incluso bienes sustitutos de personas ligadas al capo o a su grupo criminales si los bienes originales ya no son susceptibles de localización.
Además de fijar esos parámetros, el documento también blinda jurídicamente el derecho prioritario que tiene Estados Unidos para retener bajo su exclusiva utilización los recursos decomisados, y textualmente bloquea el interés inmediato que terceros pudieran tener sobre los mismos.
El gobierno dice que esos terceros no tienen legitimación para intervenir en este caso penal por el momento y que, si presentan peticiones o intentos de ejecución, la autoridad pedirá desestimarlos.
¿Dónde y cómo encontrar los recursos de El Mayo?
De acuerdo con lo establecido en la orden de decomiso, no existe una lista predefinida de cuentas bancarias o propiedades que sean sujetas de decomiso. Ello significa que se llevará a cabo una investigación para intentar cobrar la millonaria sanción. Lo que sí se establece es que podrían verse afectados recursos ligados no solamente con el capo mexicano, sino con su círculo.
“La presente orden será vinculante para el acusado, así como para sus sucesores, administradores, herederos, cesionarios y beneficiarios de transferencias realizadas por el acusado, y continuará surtiendo efectos aun en caso de quiebra de cualquiera de ellos”, indica el documento puesto a disposición del juez.
Autoridades federales consultadas explicaron que existen varias rutas a través de las cuales pueden identificarse los recursos económicos y materiales vinculados a Zambada y al cártel. Una de las fórmulas es, por ejemplo, los datos que el propio capo haya decidido aportar como parte de una investigación financiera realizada de forma paralela.
Además, el gobierno ya cuenta con la colaboración de varios informantes, entre ellos los dos hijos de El Chapo Guzman que ya fungen como testigos colaboradores (Ovidio y Joaquín Guzmán López), los cuales también han aportado datos sobre las redes financieras del grupo delictivo.
De acuerdo con las fuentes consultadas, esto es especialmente útil para identificar cuentas bancarias, cuentas en criptomonedas y otros activos complejos utilizados para triangular o lavar los recursos obtenidos provenientes de actividades delictivas.
En caso de localizar activos o bienes fuera de la jurisdicción estadunidense, los funcionarios indicaron que se cuentan con mecanismos de colaboración y asistencia jurídica para solicitar a las autoridades de los países correspondientes órdenes de aseguramiento de los bienes en cuestión para luego detonar los procesos administrativos o civiles que correspondan.
Respecto a la posibilidad de que terceros reclamen una parte de los recursos, como intentaron los LeBaron al considerar que la masacre de su familia en 2019 fue resultado del armamento adquirido y entregado por la facción de El Mayo Zambada, los funcionarios indicaron que eso puede ser sujeto de litigio solo en el momento en que una cuenta o un bien en específico sea identificado y se demuestre en un juicio que el interés de dicha parte es superior al del gobierno estadunidense.
“Ni un solo dólar será entregado de forma proactiva a personas o gobiernos ajenos. Es un decomiso en beneficio exclusivo de los Estados Unidos”, dijo uno de los funcionarios judiciales consultados.
RM
