Diecinueve años y casi ocho meses tuvieron que transcurrir para que Israel Vallarta volviera a convertirse en un hombre libre. En 2005, su nombre y el de Florence Cassez se convirtieron en los protagonistas de lo que diversos analistas y periodistas han denominado como una "novela criminal" en donde fueron acusados de pertenecer a Los Zodiaco, una banda de secuestradores que operaba en la zona centro del país.
El 9 de diciembre de ese año dio inicio una odisea que no sólo los expuso mediáticamente al juicio público sino que también desató una serie de tensiones diplomáticas entre los gobiernos de México y Francia por la nacionalidad de la mujer.
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Señalamientos, inconsistencias en el debido proceso, víctimas que reclamaban justicia y una constante presión por la repatriación de Florence Cassez se convirtieron en parte del caso que este primero de agosto comienza a cerrarse con la salida de Israel Vallarta del penal de El Altiplano.
El hecho, ha vuelto a evocar el nombre de la francesa, quien tras regresar a Francia optó por alejarse el ojo público para intentar olvidar que, un día, fue sentenciada a pasar más de noventa años en prisión en México.
El proceso judicial de Florence Cassez
Ante las cámaras de dos de las televisoras más grandes del país, miembros de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) interrogaron a una mujer cuyo acento y aspecto rápidamente despertaron curiosidad entre los televidentes. Florence Cassez, era señalada en una transmisión en vivo de pertenecer a una banda de secuestradores que mantenía privada de la libertad a al menos dos personas en el rancho Las Chinitas.
Desconcertada, la mujer aseguraba no entender lo que ocurría ni conocer los hechos por los cuales se convirtió en protagonista de un operativo de ese calibre. Sin embargo, aquella exposición resultó suficiente para que enfrentara un proceso judicial en México, a miles de kilómetros de su país natal.
El contexto del inegable aumento en los casos de secuestro hicieron de la detención de Cassez y Vallarta motivo de reconocimiento para las autoridades, sin embargo, poco a poco se irían revelando detalles que hicieron que aquel "histórico operativo" quedara únicamente como un montaje mediático. Aún así, ambos detenidos fueron acusados por el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro.
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Para librar dicho proceso, la francesa argumentó que su detención no se registró el 9 de diciembre de 2005 como se mostró en televisión nacional sino que había ocurrido un día antes. Ni ella ni Israel Vallarta fueron puestos a disposición ante la autoridad competente como lo marca el debido proceso.
Un análisis sobre el caso realizado por el Fondo Editorial para la Investigación Académica (FONEIA) narra que Cassez no tuvo acceso al expediente de averiguación previa, además de que la sede diplomática de Francia en la Ciudad de México no fue notificada sobre los hechos, lo que obstaculizó su asistencia consular.
Ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) Florence Cassez fue presentada por los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos.
Pese a la posterior intervención de sus connacionales franceses y la argumentación de las inconsistencias en su detención e investigaciones, el 25 de abril de 2008 una jueza de distrito le dictó una sentencia condenatoria. Florence Cassez fue sentenciada a pasar 96 años en prisión tras ser encontrada culpable de los tres cargos que pesaban en su contra.
Su defensa apeló la resolución de la juez, se promovieron amparos y recursos de revisión que primero, lograron reducir su pena a 60 años y posteriormente llevaron su caso ante la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la ponencia del entonces Ministro Arturo Zaldívar.
Mientras Florence Cassez libraba su batalla en tribunales, su caso poco a poco se gestaba en la relación entre México y Francia, convirtiéndose en motivo de tensión para los gobiernos de Felipe Calderón y Nicolás Sarkozy.
La relación de México y Francia por el caso de Florence Cassez
En 2009, tan solo unos meses después de que Florence Cassez fuera sentenciada, el entonces presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, visitó México y fue cuestionado por la prensa acerca las reuniones que había tenido con el padre de la francesa.
Sarkozy dijo solidarizarse con las víctimas de secuestro en México y reafirmó su respeto por las decisiones de la justicia mexicana, no obstante, los ánimos se encendieron cuando el mandatario francés evocó el Tratado de Estrasburgo, revelando así la intención de su gobierno de repatriar a Florence Cassez.
"Existen tratados y acuerdos [...] hay un acuerdo, el del Tratado de Estrasburgo de 1983, que prevé la posibilidad de transferir a un detenido francés a Francia. Si la señora Cassez lo solicita, y creo que lo va a solicitar, la aplicación de este Tratado, Francia solicitará que esta Convención sea cumplida. ¿Para qué? Para que Cassez pueda cumplir con su pena en Francia", mencionó el ex presidente de Francia.
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El acuerdo entonces entre ambas naciones consistió en establecer una Comisión Binacional que examinara los alcances de dicho tratado, sin embargo, el ex presidente Felipe Calderón enfatizó que en México ninguna persona que cometiera delitos quedaría impune, inclusive aquellas de diferente nacionalidad.
"La reserva (del Tratado de Estrasburgo) consiste en que Francia se reservó para sí el derecho de revocar, modificar, reducir o incluso cancelar las sentencias conforme a la justicia francesa. Me parece que las Comisión examinará, precisamente y con detalle este punto, que preocupa a familiares y al Presidente de México", se pronunció el entonces líder del Ejecutivo.
Sarkozy aseguró en ese momento que no habría impunidad y que, en caso de aplicarse el acuerdo conforme a derecho internacional, lo único que ocurriría es que Florence Cassez sería trasladada de una prisión mexicana a una francesa. No obstante, el resultado del análisis de la Comisión Binacional cambió el rumbo del caso.
Días después de la reunión con su entonces homólogo francés, Felipe Calderón informé que el gobierno mexicano determinó no conceder la extradición de Florence Cassez a Francia. ¿El motivo? Según sus asesores existía la posibilidad de que la francesa no cumpliera la sentencia que se le impuso o que la pagara en un plazo menor, algo que el exmandatario panista consideró como inaceptable.
La decisión de Felipe Calderón no fue bien recibida por el gobierno francés por lo que, al tiempo que el caso llegaba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Nicolás Sarkozy insistía en la extradición de su connacional.
La tensión diplomática escaló en 2011 cuando, pese a las diferencias, el mandatario francés tomó la decisión de conservar el "Año de México en Francia", una celebración que, aseguró, estaría dedicado a Florence Cassez.
La intención de dedicar dicho evento a la francesa entonces sentenciada en México provocó que el gobierno federal cancelara su participación. La cancillería informó a través de un comunicado que no existían condiciones para que el Año de México en Francia se llevara de manera apropiada y que cumpliera con el propósito para el cual había sido concebido.
"Es realmente sorprendente que un jefe de Estado tome una decisión de política exterior que afecta los vínculos entre dos pueblos y gobiernos, en consulta con una persona condenada por la justicia mexicana por delitos de naturaleza particularmente grave", se expuso en un comunicado de la cancillería mexicana sobre la cancelación del evento.
Para este punto, el caso Florence Cassez ya había transitado de lo jurídico a lo político, desatando así confrontaciones directas entre Nicolás Sarkozy que defendía la extradición de su connacional por "razones humanitarias" y Felipe Calderón quien se rehusaba a ceder a la presión francesa.
La liberación de Florence Cassez
El destino de Florence Cassez quedó en medio de una tensión diplomática y de múltiples recursos legales que su defensa promovió y que llegaron hasta manos del ahora exministro Arturo Zaldívar, quien en 2012 presentó un proyecto de amparo que abogaba por su liberación.
El caso se discutió en la Primera Sala de la corte, sin embargo, únicamente su promotor y Olga Sánchez Cordero votaron a favor de su liberación inmediata. Al no alcanzar los votos requeridos, el proceso fue desechado.
La suerte de la francesa cambió meses después, pues en enero de 2013 los argumentos y pruebas sobre las fallas en el debido proceso convencieron a tres de los cinco ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para votar a favor de su liberación inmediata.
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Horas después de la resolución, las puertas de la cárcel de Tepepan donde había sido recluida la francesa se abrieron. Florence Cassez salió de prisión portando un chaleco antibalas, fue escoltada hasta un vehículo donde la esperaban personal de la embajada francesa y su padre.
La primera parada tras su liberación fue el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La segunda, Francia. Florence Cassez y su familia regresaron a su país natal después de haberse convertido en coprotagonista de uno de los casos más mediáticos del país y de lo que el corresponsal de la BBC Mundo, Alberto Najar, calificó como "el mayor diferendo diplomático entre México y Francia desde la Segunda Guerra Mundial".
Aunque su liberación sirvió también para poner a discusión la situación jurídica de Israel Vallarta, su caso permaneció en incertidumbre y discusión hasta que este primero de agosto consiguió lo mismo que Florence Cassez logró desde hace más de una década: recuperar su libertad.
ATJ
