Samara Pérez, vocera de las familias afectadas por el atentado al Casino Royale en 2011, pidió ser recibida en la Fiscalía General de la República (FGR), tras la orden de liberación emitida por la jueza federal Mabel Cortés Navarrete, de José Alberto Loera Rodríguez, El Voltaje, y Héctor Javier Montoya Chávez, La Rana, sentenciados por su responsabilidad en el caso.
“Hicimos un acercamiento a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), con la maestra Yuriria Rodríguez, para pedirle que nos pudieran recibir en la Fiscalía General de la República, porque los expedientes provienen de esta institución”, manifestó.
En entrevista para MILENIO Televisión con Zelenny Ibarra y Ricardo Solaback, Pérez expresó su preocupación en torno a las decisiones judiciales emitidas y demandó ser integrada, junto con las familias afectadas, como terceros interesados en el juicio para poder conocer el universo total de las personas que realizaron los ataques y el estatus actual de la resolución judicial.
“Únicamente tenemos datos de los expedientes del Estado de Nuevo León y conocimiento de 17 personas que están en procesos legales. De los procesos federales, no tenemos información”, sostuvo.
Pérez exige respuesta de las autoridades
La vocera afirmó haber solicitado medidas de protección al fiscal general de Nuevo León, Javier Flores, puesto que las familias han estado señalando desde hace 15 años a todos los implicados del ataque. Sin embargo, indicó no haber tenido una respuesta clara por parte de las autoridades.
Finalmente, puntualizó haber hecho un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), institución que pretende anular la Recomendación 66-2012, que trata sobre las violaciones a los derechos humanos derivadas de los hechos ocurridos el 25 de agosto de 2011 en el Casino Royale en Monterrey, Nuevo León, donde murieron 52 personas tras un ataque e incendio.
“Definitivamente no ha habido justicia. Hay mucha rabia, mucha preocupación, impotencia”, lamentó.
AG
