Para honrar la memoria de sus seres queridos y seguir en lucha de justicia, familiares de las víctimas del Casino Royale se reunieron este martes frente al memorial construido al exterior de lo que fue el centro de apuestas, sobre la avenida San Jerónimo, que el 25 de agosto de 2011 fue incendiado por la delincuencia organizada.
Los integrantes Colectivo 52+2 colocaron flores en el nombre de cada una de las personas que murieron durante el ataque, realizaron una oración e hicieron el pase de lista de todas las víctimas.
Idalia Walls, hija de Idalia Elizabeth Walls Polendo, denunció que siguen enfrentando procesos inconclusos y una justicia tardía.
“Han sido 15 años, literalmente en el abandono porque no tenemos justicia. Sentimos enojo, frustración, dolor, el dolor sigue presente, la herida sigue abierta. No hay nada más que la justicia, es lo único que puede reconfortar a todas las familias aquí presentes”, dijo Idalia Walls.
Samara Pérez Muñiz vocera del colectivo y madre de Brad Xavier Muraira Pérez, quien tenía 18 años al momento de la tragedia, recalcó que existen 25 personas procesadas por el ataque al centro de apuestas, pero sólo dos han sido sentenciadas.
“Familiares, lamentablemente, han fallecido en la espera de justicia, una justicia que hoy se siente lenta, complicada y muy dura.
“Son 15 años de estar esperando los procesos, de darle seguimiento a todos los amparos, y esto lleva una situación de justicia que no llega”, recalcó Samara Pérez
Además, señaló que la lentitud del proceso sólo provoca revictimizar a las familias tras 15 años sin justicia integral, ante amparos que interponen los señalados.
“Son diversos, desde que no se vayan a otro penal o porqué los llevaron a un penal federal, porqué un perito no ratificó. Recordemos que en ese entonces se llevaba un sistema penal diferente, ahorita es oral, pero ese era el tradicional, por ello, tienen una audiencia, se dice que no se les informa, eso es inverosímil, pero dicen y entonces no salen en la audiencia, se difiere meses y estamos en estado de indefensión”, mencionó.
Los familiares están amparados contra la decisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que pretende concluir administrativamente el seguimiento de la Recomendación 66/2012, pese a que, aseguran, persisten obligaciones de reparación y memoria.
A la reunión acudió personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y los familiares reprocharon que pese a la invitación, autoridades locales y estatales no acudieron a la convocatoria, señalando agendas ocupadas.
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