M+.- A un año del secuestro y asesinato de los agentes de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Paulino Castañeda Aguilar y Vicente Monroy Ballesteros, la familia de este último acusa abandono institucional y exige que la investigación llegue hasta sus últimas consecuencias.
Los dos agentes fueron privados de la libertad el 5 de julio de 2025 mientras cumplían una diligencia oficial en Pachuca.
De acuerdo con la investigación, permanecieron cautivos durante alrededor de 15 horas, tiempo en el que fueron golpeados y atacados con cuchillos y navajas por presuntos integrantes del culto denominado "angelito negro 666". Ambos murieron a consecuencia de las lesiones.
"El abandono a las víctimas continúa"
En entrevista a MILENIO, Aurora Isabel Zamudio, esposa de Vicente Monroy Ballesteros, difundió un posicionamiento en el que asegura que, además del esclarecimiento total del caso, la familia exige un trato digno para las víctimas indirectas y el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de atención, protección y reparación integral del daño.
"Hoy se cumple un año del lamentable asesinato del agente de investigación Vicente Monroy Ballesteros, un hecho que marcó profundamente a su familia, a sus compañeros y a la sociedad hidalguense".
El documento, titulado Un año del asesinato del agente de investigación Vicente Monroy Ballesteros: el reclamo por justicia y el abandono a las víctimas continúa, sostiene que el dolor permanece intacto para su viuda e hijas, quienes, afirman, se sienten abandonadas por las autoridades.
Según el comunicado, pese a las solicitudes de apoyo y acompañamiento institucional, la familia no ha recibido la atención ni el respaldo que esperaba tras la muerte de un servidor público que murió en cumplimiento de su deber.
“Hoy se cumple un año del lamentable asesinato del agente de investigación Vicente Monroy Ballesteros, un hecho que marcó profundamente a su familia, a sus compañeros y a la sociedad hidalguense. A 12 meses de aquellos acontecimientos el dolor permanece intacto para su viuda e hijas, quienes, además de enfrentar la irreparable pérdida de su esposo y padre, han manifestado sentirse abandonadas por las autoridades estatales”.
De acuerdo con su sentir, familiares y personas cercanas sostienen que, pese a las solicitudes de apoyo y acompañamiento institucional, las puertas del gobierno del estado de Hidalgo se cerraron para ellas.
Señalan que no han recibido la atención, sensibilidad ni el respaldo que esperaban tras la pérdida de un servidor público que entregó su vida en el cumplimiento de su deber”.
El comunicado menciona que a un año de la tragedia, el nombre de Vicente Monroy Ballesteros sigue siendo recordado por quienes lo conocieron como un agente comprometido con su labor. Su memoria representa también el llamado a que ninguna familia de un elemento caído en cumplimiento del deber quede en el abandono.
¿Qué ocurrió con los agentes?
El 5 de julio de 2025, Paulino Castañeda Aguilar y Vicente Monroy Ballesteros acudieron a notificar una medida de protección a favor de una mujer en un domicilio de la colonia La Loma, en Pachuca.
Las investigaciones establecen que el inmueble funcionaba como sede del culto denominado "angelito negro 666", encabezado presuntamente por Víctor C.A.
En ese lugar, Víctor C.A., Alan Javier O.L., Rafael C.P., Miriam R.F. y otras personas aún no identificadas habrían privado de la libertad a los dos agentes.
Durante aproximadamente 15 horas, las víctimas fueron golpeadas de manera reiterada y atacadas con armas punzocortantes.
Vicente Monroy murió el 6 de julio de 2025 por traumatismos craneotorácicos cerrados, mientras que Paulino Castañeda falleció un día después a consecuencia de una sepsis derivada de lesiones toracoabdominales.
Piden 286 años de prisión
La Unidad Especializada en Investigación de Homicidio Doloso solicitó una condena de 286 años de prisión para cada uno de los cuatro imputados.
La petición contempla 140 años de cárcel por cada uno de los dos secuestros con resultado de muerte, además de seis años por narcomenudeo, delito por el que también fueron acusados.
El encargado del despacho de la Procuraduría, Francisco Fernández Hasbun, informó que el proceso penal se encuentra en la etapa intermedia y que la siguiente audiencia está prevista para agosto.
Asimismo, calificó como justa la pena solicitada por el Ministerio Público.
La acusación
De acuerdo con la causa penal 1291/2025, el Ministerio Público sostiene que los cuatro imputados actuaron de manera conjunta para privar de la libertad a los agentes, desarmarlos y mantenerlos retenidos dentro del inmueble.
Durante el cautiverio, señala la acusación, los golpearon con puños, pies y diversos objetos, además de provocarles heridas con cuchillos y navajas en distintas partes del cuerpo.
Los investigadores fueron rescatados hasta la mañana del 6 de julio de 2025, luego de permanecer aproximadamente 15 horas bajo agresiones constantes.
Más de un centenar de pruebas
Para sustentar la acusación, la Procuraduría cuenta con 104 medios de prueba, entre ellos 31 testimoniales, 14 periciales, 30 documentales y 29 materiales.
Uno de los elementos más relevantes es la declaración que alcanzó a rendir Paulino Castañeda Aguilar antes de morir.
En ese testimonio describió a las personas que participaron en la agresión, la forma en que fueron retenidos, los objetos utilizados para golpearlos y herirlos, así como las circunstancias en que él y su compañero fueron finalmente rescatados.
La carpeta de investigación también integra declaraciones de agentes investigadores, ministerios públicos, testigos protegidos y peritos en criminalística, genética, medicina forense y balística.
Además, incluye expedientes clínicos, fotografías, croquis, actas de defunción, resguardos de armamento y los indicios asegurados en el lugar de los hechos.
Una exigencia que sigue vigente
Para la familia de Vicente Monroy, el proceso judicial representa solo una parte del camino.
A un año de los hechos, su principal demanda sigue siendo que el caso se esclarezca por completo, que se sancione a todos los responsables y que las autoridades garanticen atención y reparación integral para quienes perdieron a un esposo, un padre y un servidor público que murió en cumplimiento de su deber.
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