En apenas dos años el número de adolescentes imputados por la presunta comisión de delitos en México creció 45 por ciento, al pasar de 22 mil 654 casos en 2021 a 32 mil 852 en 2023, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El reporte especial del instituto muestra el deterioro acelerado en las condiciones de prevención social y la exposición de jóvenes a entornos violentos en nuestro país para los menores de edad, pues la cifra alcanzada en 2023 representa el segundo nivel más alto desde que en 2017 se registraron 36 mil 123 adolescentes imputados.
Entre 2017 y 2021 las imputaciones cayeron de forma sostenida, acumulando una reducción de casi 56 % en el número de menores de edad relacionados con algún delito; sin embargo, ese descenso registrado en cuatro años prácticamente se revirtió en los últimos dos, lo que confirma un repunte acelerado del fenómeno.
Ante este panorama, el coordinador de Tejiendo Redes por la Infancia, Juan Martín Pérez, señaló que las cifras reportadas muestran la necesidad de que la clase política ponga mayor énfasis en los menores de edad para acabar los ambientes violentos en hogares y principalmente en zonas con fuerte presencia del crimen organizado.
“Los datos oficiales nos muestran que necesitamos una acción de Estado (…) Estos datos y los anteriores que tenemos de violencia nos dan cuenta que los niños y niñas de hoy están creciendo en un contexto de guerra y necesitan no solamente reducir impunidad, sino garantizar una vida libre de violencia” explicó.
Además, seis entidades federativas concentraron 50.7 % de los adolescentes imputados por la presunta comisión de delitos en 2023. En conjunto, Nuevo León, Estado de México, Guanajuato, Sonora, Jalisco y Chihuahua acumularon 16,663 de las 32,852 imputaciones registradas en el país, reflejando una concentración regional en contextos de alta conflictividad.
Nuevo León es el estado con el mayor número de adolescentes imputados, con 4,098 casos en 2023, lo que lo coloca en primer lugar nacional. Le siguen el Estado de México, con 3,400, y Guanajuato, con 3,242, entidades caracterizadas por densas poblaciones urbanas y problemáticas de violencia asociada a economías ilegales y precarización juvenil.
En el siguiente nivel aparecen Sonora, con 2,275 imputaciones; Jalisco, con 1,847; y Chihuahua, con 1,801, estados donde la violencia criminal, los conflictos locales y la cercanía fronteriza configuran entornos donde los adolescentes están más expuestos a situaciones de riesgo.
Para Juan Martin Pérez es claro que “los indicadores son la demostración de qué entidades federativas están trabajando para las niñas, niños y adolescentes y cuáles no. Es evidente que hay más presencia de adolescentes en conflicto con la ley donde está más fuerte el crimen organizado y la violencia. Y tenemos menos presencia donde niños y niñas han tenido respuestas territoriales".
El informe del Inegi muestra que del total de imputados, al menos el 80% eran varones, mientras que el otro 20 por ciento fueron mujeres. Sin embargo, el número de mujeres relacionadas con la actividad criminal se duplicó en los últimos dos años tras pasar de 3 mil 321 casos en 2021 a 6 mil 629 reportes en 2023.
Consumo de drogas
El consumo de sustancias psicoactivas es una constante entre los adolescentes sujetos al Sistema Integral de Justicia Penal. En 2022, 88.2% de los hombres y 77.3 % de las mujeres que enfrentaron un proceso declararon haber consumido algún tipo de droga o sustancia adictiva.
El consumo de alcohol y tabaco aparece como una constante entre los adolescentes sujetos al sistema penal, pues 80.6% de los hombres y 70.7% de las mujeres reportaron haber ingerido bebidas alcohólicas al menos una vez, mientras que 71.9% de los hombres y 58.7% de las mujeres declararon haber fumado tabaco.
La mariguana fue consumida por 58.2% de los hombres y 45.1% de las mujeres, mientras que el uso de cocaína en polvo alcanzó a 32.1% de los hombres y 22.3% de las mujeres. El consumo de inhalables se presentó en 19% de los hombres y 14.9% de las mujeres.
