El juez de Control y de Juicio Oral Penal del estado de Nuevo León, Armando Barajas García, convocó para este viernes 16 de febrero a una audiencia de revisión de medida cautelar contra los empresarios Fernando Pablo Villarreal Cantú y Blanca Guadalupe Ballesteros Almaguer, propietarios del consorcio de parques industriales Desarrollo Logistik, con la que se pretende regresar a prisión a la pareja que permanece en resguardo domiciliario.
De acuerdo con los documentos de notificación de audiencia, la Fiscalía General de Justicia del estado solicitó la prisión preventiva para los imputados por presunto incumplimiento al resguardo domiciliario.
“El juez de Control está determinando un incumplimiento del resguardo domiciliario del señor Francisco Villarreal y la señora Blanca Ballesteros, porque la supervisora refiere que la señora no estaba en casa al momento de la visita”, explicó el abogado penalista Samuel Rubio Fernández, quien encabeza la defensa.
Abundó en que, “cuando llegó la visita, el señor Villarreal dijo que su esposa se estaba bañando, y que saldría en unos momentos; pero la supervisora no espero más de 10 minutos y se retiró”.
El defensor asegura que se han entregado videos al juez que demuestran que Ballesteros Almaguer sale a la puerta de su casa en el día y a la hora referida, tan solo 10 minutos después de que la supervisora llegó al domicilio (el 24 de enero a las 12:26 horas); “por lo que cualquier prueba que determine lo contrario fue fabricada”.
La medida cautelar de prisión preventiva fue cancelada hasta en dos ocasiones para los empresarios por el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal de Nuevo León, el cual ordenó liberarlos por su edad avanzada y por tratarse de una causa penal que no amerita el encarcelamiento, según el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Por estos hechos, el juez de Control, Armando Barajas García, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León, por violar suspensiones decretadas por un Tribunal Colegiado y por una presunta actuación imparcial en favor del Ministerio Público.
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