DOMINGA.– Hace 20 años su nombre irrumpió en la escena nacional y se repitió en los medios a todas las horas, día tras día, hasta que todo el mundo se lo aprendió: Isabel Miranda de Wallace. Una mujer que denunció el supuesto secuestro de su hijo Hugo Alberto y que, en pocos meses, colmó de espectaculares el Periférico de la Ciudad de México con los rostros de quienes después acusó de desmembrarlo.
Isabel ofreció sumas gigantes a quien diera información para atrapar a los presuntos responsables. Se encargó de agarrarlos, uno a uno, con ayuda de la policía. Los exhibió, fue cómplice de las más bestiales torturas en su contra y los acusó de desaparecer los restos de su hijo en un canal.
¿Su prueba? Que ellos y ellas aparecían juntos en una fotografía tomada en Chalma, Estado de México. La famosa y falsa banda de Chalma, conformada por César Freyre, Juana Hilda González, Jacobo Tagle Dobin, Brenda Quevedo, Jael Malagón Uscanga y los hermanos Albert y Tony Castillo. Pero no sólo fueron ellos: decenas de personas más, familias enteras, fueron intimidadas, perseguidas, encarceladas, torturadas, obligadas a autoincriminarse.
Ahora se sabe, gracias a investigaciones periodísticas, que todos fueron víctimas de Isabel Miranda de Wallace. Pero, en su momento, ¿quién no se conmovió con la historia de la mamá justiciera que hizo el trabajo de las autoridades? Esa madre que logró una influencia y poder político pocas veces vista, puso a sus pies a los medios y ni uno sólo contradijo sus dichos. Lo mismo pasó con autoridades de todos los niveles, incluidos gobernadores y el mismo presidente, Felipe Calderón, quien le otorgó el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2010.
Isabel Miranda, quien habría fallecido en marzo de este año por complicaciones de una cirugía, hizo del aparente secuestro de su hijo un circo mediático. Fue la imagen principal de una mentira titánica, y no fue hasta mayo de 2014, con la publicación del libro El falso caso Wallace, de la periodista Guadalupe Lizárraga, que la mentira se tambaleó y empezó a desmoronarse.
Lizárraga, con base en una sólida investigación, reveló señales de vida de Hugo Alberto, como llamadas hechas por él mismo desde su teléfono, y reveló la corrupción del sistema de justicia que encumbró a Isabel Miranda. Si ella logró tanta influencia fue gracias a la complicidad de policías, ministerio público, jueces, políticos y autoridades de alto vuelo. Y, claro, con el visto bueno de los medios de comunicación, sobre todo los más poderosos.
Con ese colosal respaldo, Isabel Miranda fabricó culpables y, de paso, destruyó a familias completas. Y esto fue posible porque, de acuerdo con Lizárraga, se benefició de una política del gobierno que opera al menos desde el inicio de este siglo: la política de fabricación de culpables.
A casi 20 años del caso Wallace, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) liberó a Juana Hilda tras reconocer que fue acusada con pruebas fabricadas. Otras víctimas del mismo caso siguen en prisión, como Freyre y Tagle Dobin. Quevedo pasó a prisión domiciliaria. Más casos similares de fabricación, como el de Israel Vallarta o Araceli Vázquez, uno acusado de secuestro, la otra de asesinato, también permanecen estancados. Ahí sigue la maquinaria que criminaliza a inocentes.
Recientemente un tribunal colegiado ordenó que se revise si Vallarta debe seguir en encarcelamiento preventivo o si puede cambiar a medida cautelar. El caso de Vázquez es revisado por la SCJN. ¿Es el principio del derrumbe de la fabricación de culpables? ¿Pueden ellas y ellos recuperar la vida que les arrebató un aparato del Estado?
La madre justiciera del caso Wallace
“El caso Wallace forma parte de una política de gobierno de fabricación de culpables. Es el más mediático pero no es un hecho aislado. Sólo que en el caso de Isabel Miranda, por su propia ambición y por su vocación criminal [en 1998 estuvo en la cárcel algunos días por intento de homicidio], se convirtió en El Caso. El más representativo de la corrupción judicial”, dice en entrevista con DOMINGA, Guadalupe Lizárraga, escritora, periodista y fundadora del medio digital estadounidense Los Ángeles Press.
–Ningún medio puso en duda las acusaciones de Miranda.
–Sabemos cómo es el ecosistema mediático. Estaban pagados desde el Estado, pero el falso caso Wallace fue posible no sólo por Isabel misma y los medios. Todo el aparato del gobierno estaba detrás de ella y sigue estando en el mismo caso.
Lizárraga afirma que la narrativa que se ha tratado de ocultar todos estos años es que las personas en prisión y víctimas de tortura son completamente inocentes de cualquier delito. En el caso de Juana Hilda, la Suprema Corte ordenó su liberación inmediata, en junio pasado, pero después de más 19 años en la cárcel. Los ministros coincidieron en que fue acusada del secuestro y asesinato de Hugo Alberto con pruebas fabricadas por la entonces PGR y mediante actos de tortura.
En junio de 2024, un juez autorizó el cambio de medida cautelar de prisión preventiva por el arraigo domiciliario a Brenda Quevedo. Tras ser extraditada de Estados Unidos, en 2009, estuvo en prisión 15 años. El resto de los acusados siguen presos, algunos con sentencias de más de 100 años. “Los exhibieron como si fueran una banda, pero han ocultado que son inocentes desde hace 20 años”, explica.
Y va más allá: “Existe una red operando. Esta política gubernamental de fabricación de culpables se mueve desde Vicente Fox, en 2001, y sigue de manera transexenal. Con la montada de la AFI [Agencia Federal de Investigación], se creó esta política de gobierno. Se necesitaba la autorización de presupuesto millonario para esta desaparecida institución”, que fue dirigida por Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Calderón y sentenciado por narcotráfico y delincuencia organizada en Estados Unidos.
“Desde la AFI y como secretario, García Luna trabajó su imagen de superpolicía porque ambicionaba la candidatura a la presidencia”, asegura Lizárraga. La periodista afirma que Isabel Miranda de Wallace fue un distractor mediático que le vino bien al gobierno de Calderón. “Pasó mientras García Luna operaba con el Cártel de Sinaloa. Veinte años después, él enfrentó en Estados Unidos un juicio por conspiración y narcotráfico”.
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Mientras Calderón lanzaba con bombos y platillos el combate al narcotráfico, su secretario de Seguridad Pública operaba con Sinaloa. En ese contexto de la guerra contra el narco, surgen personas como Isabel Miranda de Wallace. “Todas estas sociedades civiles a modo [Miranda fundó Alto al Secuestro] simulaban. Tenían casos de víctimas reales, pero fueron entrenadas y apoyadas desde el gobierno de Felipe Calderón y desde Genaro García Luna”.
Afirma que, ahora, los medios han aislado a Isabel Miranda: “Ella ya estaba en el aparato estatal antes del caso, en 2005. Cómo se explica que en 2004 tenía ya una credencial de seguridad pública federal, cómo se explica que participó en 2001 con Genaro García Luna como acompañante de víctimas de secuestro?”
Las hipótesis en el caso Wallace
En su libro Fabricación, el periodista Ricardo Raphael presenta una exhaustiva investigación con más pruebas de la falsedad del caso Wallace: Hugo Alberto se comunicó, por ejemplo, con una amiga y exparejas después del secuestro fabricado.
El periodista dice en su libro que el caso es muy complejo porque del mismo se derivan tres hipótesis criminales. “La primera es aquella que relata el episodio de un hombre que fue baleado dentro del edificio de Perugino [donde supuestamente fue secuestrado y desmembrado Hugo Alberto]. La segunda es la que Juana Hilda desarrolló durante su confesión [en la que inculpó a las demás personas y obtenida bajo tortura]. Y la tercera es la que considera como falso el caso Wallace”.
El periodista retoma tres testimonios que hicieron referencia a una maleta extraviada que podría explicar el acecho de Isabel Miranda y su familia al edificio de Perugino, en la colonia Extremadura Insurgentes: “Algo había dentro de ese equipaje que era fundamental recuperar [...], algo por lo que fue necesario inventar la primera versión del plagio y someter a vigilancia el edificio durante un largo periodo”.
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Hugo Alberto Wallace, señala Ricardo Raphael en el libro, tenía una deuda millonaria con el criminal Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. Le compraba droga que habría distribuido entre sus conocidos. Hugo huyó y nunca cubrió la deuda.
El periodista dice que La Barbie se volvió un personaje temido dentro del crimen organizado porque fue uno de los primeros delincuentes capaces de infligir daño contra sus adversarios: “Si es cierto que Hugo Alberto Wallace contrajo una deuda grande con este mafioso y no la pudo cubrir, el riesgo de la represalia se habría extendido más allá del moroso. La familia pudo haberse convertido también en objetivo de la empresa defraudada”.
Aún no se aclara por qué Hugo Alberto no cumplió con su compromiso y aunque ahora se sabe que Isabel Miranda creó un caso perverso que inventó el secuestro y homicidio de su hijo, la fabricación de culpables en este caso sigue viva, tal como lo señala la periodista Lizárraga. En esta fabricación, dice, operan fiscales, procuradores, jueces, agentes del Ministerio Público de la SEIDO:
“¿Cómo se explica que Juana Hilda salga libre en 2025 cuando se sabía su inocencia desde 2006? Brenda Quevedo está en arraigo domiciliario. Jacobo Tagle Dobin sigue en prisión, con la misma situación jurídica de tenía Quevedo [prisión preventiva]. Fue torturado y abusado sexualmente al menos tres veces".
“César Freyre Morales es quien tiene más eventos de tortura con un Protocolo de Estambul positivo. Tiene 131 años de sentencia por un crimen que sabemos no sucedió. Sigue en prisión después de la absolución de Juana Hilda. Jael Malagón Uscanga fue sentenciado a 72 años el año pasado. Pasó 18 años en prisión preventiva. Los otros dos son los hermanos Albert y Tony Castillo, con penas de 93 años de cárcel”. Sostiene que lo que se quiere ocultar es la red de operadores que fabricaron el caso. Decir que el Estado no se equivocó.
García Luna, autor intelectual del montaje de Israel Vallarta y Florence Cassez
Lo llaman el mayor montaje televisivo de la policía. El 9 de diciembre de 2005, al mismo tiempo que se desarrollaba el caso Wallace, se fabricó un operativo en el Rancho Las Chinitas que se transmitió, antes de las 7 am, para el noticiero Primero Noticias de Carlos Loret de Mola. Ahí fueron detenidos Israel Vallarta y Florence Cassez por ser presuntos secuestradores de tres personas, entre ellas un niño.
Tiempo después se sabría de la puesta en escena de la AFI, dirigida por García Luna. El montaje fue supervisado por su mano derecha, Luis Cárdenas Palomino. Ni en ese lugar ni a esa hora se arrestó a Cassez y a Vallarta, quien apareció en la televisión con huellas de tortura en la cara.
“Con el tiempo nos enteraríamos de que policías corruptos se esmeraron en fabricar una banda de secuestradores ficticia, deteniendo y torturando a varios de la familia Vallarta. Todo se vale para legitimar un montaje de aquel diciembre de 2005”, escribió en Gatopardo Emmanuelle Steels, periodista que ha investigado el caso y que fue corresponsal en México, de 2008 a 2024, de varios medios francófonos, como Libération y la Radio France, entre otros.
Si su situación jurídica no cambia, Vallarta, a quien la autoridad acusó de liderar una banda que llamaron Los Zodiacos, cumplirá 20 años en la cárcel este 2025. La fabricación alcanzó a su familia: su hermano y un sobrino también están en prisión. Los tres, sin condena. Otros tres familiares fueron inculpados pero fueron liberados en 2016 tras demostrar su inocencia.
No todo está perdido para Vallarta. El pasado 16 de julio, un tribunal colegiado de apelación ordenó que se revise si debe seguir en prisión preventiva o si puede cambiar a medida cautelar, lo cual pide su familia, su defensa y hasta la ONU.
En entrevista con DOMINGA, Emmanuelle Steels enfatiza que, a pesar de la condena de García Luna en Estados de Unidos, autor intelectual del montaje, aún con la serie de Netflix, El caso Cassez-Vallarta: una novela criminal, que aporta las pistas para entender cómo se fabricó este caso, y de la intervención –en su momento– de Andrés Manuel López Obrador a favor de Israel, este hombre, que tenía 35 años cuando fue detenido, sigue siendo en el imaginario colectivo un secuestrador.
Cassez, nacida en Francia, fue condenada a 60 años de prisión en 2007 por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y posesión ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. En enero de 2013 la SCJN ordenó su liberación tras concederle un amparo. “En un México donde hay una profusión de casos de injusticia y fabricación de culpables, el de Israel Vallarta-Florence Cassez-la familia Vallarta es un caso extremo. Un caso emblemático de fabricación de culpables, de tortura y montajes televisivos. Se ha presentado como representativo de los montajes mediáticos pero es, en realidad, un montaje judicial y policial”, analiza.
“Ha dado pie esa confusión a que personajes como Isabel Miranda y otros supuestos defensores de derechos humanos crearan una especie de versión muy perversa. Queriendo distinguir entre un montaje mediático y un supuesto expediente judicial y una supuesta investigación que habría sido llevada con mucha seriedad y rigor. Nada más falso que eso”, sostiene.
Todo el mundo se ha conformado con una versión superficial, agrega Steels, pero el montaje mediático es sólo la parte visible del iceberg. Para ella, es un caso que la llevó a descubrir la corrupción del sistema judicial, las cárceles, la tortura. La manera en que se procesa a los detenidos. “Y todo ese sistema de connivencia, complicidad y la colusión entre medios de comunicación y el ámbito político”, expone.
–¿Quién se benefició de este caso? –pregunto a Emmanuelle Steels.
–Se benefició Isabel Miranda, quien utilizó el caso como trampolín para su carrera de activista respetable. No solamente usó el caso de su hijo: también se propulsó mucho gracias al de Florence Cassez-Israel Vallarta. Se presentó como la defensora de las víctimas, pero en realidad las maltrataba, las amenazaba, las presionaba. Les decía con quién podían hablar, lo que tenían que decir. Era el enlace entre el gobierno y las víctimas, entre autoridades-policía y las víctimas.
“Se benefició Eduardo Margolis. Todos sus negocios están a salvo, todas sus corruptelas”. Margolis es un empresario a quien Vallarta, en la serie de Netflix, señala como el responsable de su detención. Según información de Proceso, Margolis tenía relaciones empresariales con Sebastien Cassez, hermano de Florence, y con García Luna y Cárdenas Palomino, que dirigían la AFI. Este sujeto habría ordenado la detención de la pareja después de que fracasara la unión empresarial.
“Se benefició Felipe Calderón”, continúa Steels. El expresidente negó entonces la solicitud de extradición de Cassez a Francia para que cumpliera su condena en ese país. “Con este caso construyó una especie de reputación”, dice la periodista, “al presentarse como el gran defensor de las víctimas y el presidente que desafiaba a Francia, a Nicolas Sarközy . Usó políticamente este caso. Rechazó el traslado de Florence en 2009, justo antes de las elecciones para renovar el Congreso”.
Agrega: “García Luna está en la cárcel en Estados Unidos por narcotráfico, pero Luis Cárdenas Palomino está en la cárcel en México por el caso Vallarta. No ha sido juzgado, pero el caso y las torturas lo alcanzaron”. Para Steels, la máxima perversidad que prevaleció está en el discurso político y de activistas como Isabel Miranda de Wallace, cuando decían: “Estamos defendiendo a las víctimas”.
“Ese fue el mayor engaño a la sociedad. ¿En qué se benefician las víctimas de los montajes, de la falta de justicia, de que haya personas inocentes en la cárcel? Eso para mí es el gran misterio y es el máximo nivel de cinismo”.
Las víctimas son las que pierden, concluye, “la familia Vallarta, Florence Cassez, pero hay en este caso, como en el caso Wallace, una inmensidad de víctimas y familias destruidas. Hay más bandas que han fabricado para dar sustento a la fabricación de Los Zodiacos. Es muy, muy amplio. Hay una infinidad de personas detenidas, encarceladas, acusadas injustamente. De testigos presionados y víctimas torturadas. Igual que el caso Wallace, es una locura”.
“Ese modus operandi de fabricar culpables es algo muy mexicano”
El conflicto diplomático entre México y Francia provocó el cierre, en 2011, por decisión del gobierno mexicano, de las actividades culturales de El Año de México en Francia, lo que intensificó en medios la exhibición del caso y, posteriormente, un repudio mediático a la decisión de la SCJN de liberar a Florence Cassez. Existió una perversidad en los medios y en personajes como Isabel Miranda, dice Steels, cuando dijeron que se ordenó la liberación por violaciones a sus derechos. “Dijeron que eso no le quitaba lo secuestradora”.
La periodista señala que la imagen de Cassez creada en medios, la de la secuestradora francesa, permeó y funcionó muy bien en la opinión pública: “Israel sigue en la cárcel. ¡Va a cumplir 20 años ahí, sin sentencia! Muchos han visto la serie de Netflix y dicen: ‘Ah, es una injusticia’, pero nadie decía eso antes. Todo el mundo insultaba a la secuestradora francesa. Nadie se molestaba en respetar la presunción de inocencia de Israel Vallarta. Era el jefe de la banda de Los Zodiacos y punto”.
“Cuando nosotras, periodistas francesas y yo, investigamos el caso, íbamos a contracorriente. Nos insultaban. Repudiaban nuestro trabajo. Decían que la defendíamos porque era francesa”, agrega
–Nadie se atrevió a contradecir la versión oficial.
–Por la asociación delictiva entre Eduardo Margolis, Luis Cárdenas Palomino, Gerardo García Luna, Isabel Miranda y Felipe Calderón. Su locura manipuló a toda una sociedad. Fue la persecución de toda una familia. El conflicto diplomático de un país con otro país amigo. Todo para su beneficio. El hermano de Cassez era socio de Margolis. Por ahí hay algo. ¿Fue venganza en contra del hermano?
“Hay posturas que dicen que es un caso del Poder Judicial, que no tiene nada que ver con el gobierno. Pero, ¿por qué Gobernación, bajo el gobierno de López Obrador, hizo un informe de casi 100 páginas en beneficio de Israel Vallarta? Pudo indultarlo. Pero, además, de eso, no ha habido voluntad de ninguna autoridad de tratar con seriedad ese caso y resolverlo. Como tampoco hay voluntad para resolver muchos otros casos. No veo que el caso de Israel Vallarta avance”, indica Steels.
–¿Es una política mexicana de fabricación de culpables?
La corresponsal en España y México, con experiencia en América Latina y Estados Unidos, Steels responde:
–Casos de tortura, de fabricación de culpables, de fabricar cargos judiciales para sacar un beneficio político o vengarse de enemigos, son cosas que ocurren en muchos países. En América Latina me consta. La instrumentalización de la justicia con fines políticos, con fines personales es algo que ocurre en todos lados. No hay procesos judiciales conformes a derechos.
“Pero ese nivel de sofisticación para torturar y presionar a víctimas para que acusen y tener la complicidad de los medios para hacer montajes mediáticos, esa sofisticación para fabricar historias, no lo he visto en otro lado. Solo en México. Es la escuela de García Luna. Ahora todo el sistema policíaco judicial está basado en la simulación más que en una acción real contra el crimen. Ese modus operandi de fabricar culpables, bandas, secuestradores, es algo muy mexicano”.
El caso de la falsa Mataviejitas
El otro nombre que resonó en medios en 2006, a la par del caso Wallace y el caso Vallarta-Cassez, fue el de Juana Barraza Samperio, La Mataviejitas, la primera asesina serial de este siglo en la historia mexicana. La condenaron a 759 años de cárcel por el asesinato de 16 mujeres de la tercera edad y por robos. Los casos se conocieron desde 1998, pero Barraza fue detenida hasta 2006.
Dos años antes fue arrestada Araceli Vázquez, víctima de la presión mediática por encontrar a la asesina serial que durante los primeros años del siglo aterrorizó, y es decir poco, a los habitantes de la Ciudad de México. Como en los demás casos, la pusieron frente a las cámaras de televisión el 1 de abril de 2004: una mujer chaparrita, un poco robusta y morena, con una bata blanca y peluca. Tenía 39 años.
Varias horas antes, el 31 de marzo, Vázquez fue detenida por robo en el municipio de Acolman, en el Estado de México. Luego se enteró que la acusaban de ser La Mataviejitas. De hecho, ella acepta en el documental de María José Cuevas, La dama del silencio: el caso Mataviejitas, de 2023, que sí cometió robos, pero no tuvo nada que ver con asesinatos. Aunque Barraza Samperio fue condenada en 2008, esto no le dio la libertad a Araceli. Tampoco que, pese a su detención, los asesinatos de mujeres mayores se multiplicaron. Cumple más de 20 años en prisión por el asesinato de Margarita Aceves Quezada, ocurrido en enero de 2004.
El documental mostró las contradicciones del caso con base en documentos oficiales desclasificados. Y, como con Wallace y Vallarta-Cassez, revela un procedimiento de fabricación de culpables que arrasó con Araceli Vázquez, a quien la autoridad puso como chivo expiatorio de los asesinatos de mujeres mayores que cimbraron a la Ciudad de México por más de un lustro.
El expresidente Andrés Manuel López Obrador la mencionó en su conferencia matutina en 2023. Pidió a la entonces secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, estudiarlo: se revisaría una condena por 23 años y 9 meses.
Después de que la historia fue expuesta en el documental de Netflix, el caso llegó a la SCJN. De acuerdo con esa información, la defensa de Vázquez presentó el 28 de septiembre un recurso de revisión a un amparo directo por el que se ratificó su sentencia condenatoria en 2008, a pesar de que la responsable de los asesinatos ya había sido detenida. En octubre siguiente, hace más de año y medio, el tribunal ordenó que el caso fuera enviado a la SCJN.
Si todo se alinea a su favor, Vázquez alcanzaría la libertad más de 20 años después de su arresto. Volvería a caminar en la calle como ahora puede Juana Hilda, del caso Wallace, tal como deberían de poder hacerlo todos los culpables fabricados.
GSC/ATJ
