M+.- El secuestro de Michelle Guadalupe, de 15 años, ocurrió en circunstancias evitadas por el crimen organizado: de día y en una calle transitada.
La visibilidad y muchos testigos disminuyen las posibilidades de los delincuentes de salir impunes… a menos que un jefe de plaza tenga un acuerdo con las autoridades. Entonces ya no importa cuántas condiciones estén contra los criminales: un rapto se hará sin problemas.
Eso sucedió el 29 de septiembre en el centro de Taxco, Guerrero, donde hombres armados obligaron a la adolescente a subir a un vehículo ante la mirada de decenas de personas que ahí paseaban y hacían compras. Desde entonces, Michelle Guadalupe está desaparecida y su familia la espera en casa.
El grupo de secuestradores –sabría después la fiscalía guerrerense– estaba compuesto por policías municipales al servicio de La Nueva Familia Michoacana, uno de los ocho cárteles mexicanos designados como Organización Terrorista Extranjera por Estados Unidos desde febrero de 2025.
Antes del crimen, los policías municipales Gabriel ‘N’ y Olga ‘N’ ordenaron el retiro de sus compañeros uniformados en la zona del secuestro y Ricardo ‘N’ y José ‘N’, director y monitorista, respectivamente, del Centro de Comando y Control (C2) –la oficina donde se monitorean las calles del municipio a través del sistema de videovigilancia– omitieron reportar el crimen. Hoy los cuatro están detenidos.
Te recomendamos leer...
Operativo contra secuestradores de La Nueva Familia Michoacana
El operativo contra los exservidores públicos es la noticia más reciente de un C2 tomado por el crimen organizado.
Es una “innovación” sobre el modelo de vigilancia anterior: en los inicios de la “guerra contra el narco”, el crimen usaba halcones –vigías en las calles y lugares estratégicos– o instalaba sus propias cámaras en sitios públicos para vigilar un espacio. Ahora, el crimen organizado ha evolucionado: usa los ojos del gobierno para controlar un territorio.
“El crimen organizado está usando nuevos modelos híbridos para vigilar. Hemos visto que infiltran a personal en los centros de control, pero también que identifican vulnerabilidades de ciberseguridad y clonan lo que observan las cámaras de vigilancia.
"Es el mismo objetivo de siempre, pero con mayor capacidad de infiltración y mejor tecnología. Sin duda, es una preocupación para el gobierno”, asegura en entrevista Lucia Fornelli, CEO de Usecnetwork y especialista en seguridad.
Transmisiones en espejo de sistemas de monitoreo
La mañana del 27 de octubre, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció en su cuenta de X que haría su décimo viaje a Sinaloa en lo que va del año.
En su mensaje detalló una agenda de trabajo que incluyó supervisar los despliegues del Gabinete de Seguridad en el territorio y conocer las necesidades de la Policía Estatal. Y agregó una actividad inusual: “revisar el funcionamiento del C4”, es decir, del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo.
Desde que está integrado al gabinete federal, García Harfuch nunca había incluido en su cronograma público la revisión de un centro gubernamental de videovigilancia, un hecho que la experta Lucía Fornelli destaca como positivo, pero al mismo tiempo preocupante, pues podría significar que la infiltración en esas oficinas ya ha prendido los focos rojos entre los encargados de combatir al crimen organizado.
Antes de la noticia del control criminal del C2 en Taxco, Guerrero, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo informó, en agosto, que mediante trabajos de inteligencia se ejecutó una orden de cateo en una casa en la colonia Centro del municipio de Villa de Tezontepec. Ahí fue detenido el encargado del C2 municipal acusado de brindar protección a un grupo delictivo.
El alcalde hidalguense Miguel Moisés González reconoció, días después, que ese encargado ni siquiera era un policía, sino un servidor público que había sido contratado para realizar funciones administrativas. El misterio del burócrata haciendo labores policiales sigue sin ser resuelto.
En junio del 2025, el director del C2 de Juchitán, Oaxaca, Nahúm H., fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) acusado de delitos contra la seguridad pública. Un análisis forense y pericial encontró que hacía “transmisiones en espejo” del sistema de monitoreo a terceros que accedían ilegalmente al sistema.
El alcalde juchiteco Miguel Sánchez Altamirano, El Quetu, guardó silencio por casi un año ante el arresto de su colaborador. Pero en septiembre pasado fue su turno de ser arrestado por delitos contra la seguridad pública y extorsión agravada.
El Gabinete de Seguridad lo acusó de dar cobertura política y económica a Los Cromos, un brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Su tarea era ordenar que se facilitaran las cámaras del C2 a El Comandante Cromo y alertarle sobre la presencia de corporaciones de seguridad estatales y federales.
No sería el único caso en Oaxaca: en agosto de 2025, más de 600 elementos de fuerzas federales y estatales desplegaron la Operación Sable en la comandancia municipal y el C2 de Pinotepa Nacional.
Los agentes encontraron que los policías municipales en esas oficinas colaboraban abiertamente con el crimen organizado y permitían el uso de las cámaras a personas no autorizadas.
Esa vez fueron detenidos seis uniformados y dos operadores de videovigilancia. Los hilos de la investigación llevaban, otra vez, al crimen organizado.
El narco accede a redes de cámaras y lectores de matrículas
Uno de los casos más dramáticos de infiltración en una oficina de videovigilancia gubernamental ocurrió en Teocaltiche, Jalisco, donde trabajaban ocho policías municipales que en febrero de 2025 fueron secuestrados mientras se trasladaban a hacer evaluaciones de control y confianza.
Horas más tarde aparecieron los restos de cuatro de ellos en bolsas de plástico a la orilla de la carretera. Uno era el encargado del C2 municipal.
El gobernador Pablo Lemus informó días más tarde que dentro de las instalaciones de la comisaría municipal de Teocaltiche se había construido un C2 “pantalla”, paralelo al oficial, y que era usado por el CJNG para anticiparse a los operativos de la Guardia Nacional y el Ejército.
Lemus acusó que el exalcalde, hoy prófugo, Juan Manuel Vallejo Pedroza, había autorizado su operación y se había mantenido operando pese a los cambios en el ayuntamiento.
La lista sigue: el año pasado, el director del C2 de Puerto Morelos, Quintana Roo, el primer maestre de la Secretaría de Marina, Matías S., fue detenido por dar ayuda desde su posición al ‘Danone’, jefe de plaza del CJNG; y el Operativo Enjambre desatado desde el inicio del sexenio en el sur del Estado de México ha encontrado que la infiltración en los C2 de La Nueva Familia Michoacana es un modus operandi en varios municipios.
Otros casos representan señales de auxilio prendidas desde hace años, por ejemplo, al menos en 2014, el C4 de Iguala, Guerrero, operó contra los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y a favor del grupo criminal Guerreros Unidos, según las indagatorias de la Secretaría de Gobernación.
En 2019, la entonces alcaldesa naucalpense Patricia Durán Reveles denunció que en la administración del panista Édgar Olvera Higuera (2016-2018) se filtró información privilegiada del C4 municipal a grupos delictivos que operaban en este municipio, es decir, células delictivas que salieron del Cártel de Los Beltrán Leyva. Los riesgos, desde entonces, son altísimos.
“Un cártel mexicano podría acceder a redes de cámaras, lectores automáticos de matrículas y otros sistemas de vigilancia digital en lugares donde ya tiene acceso, o podría sobornar para entrar, y luego combinar esos datos con información de fuentes humanas.
“Podría acceder ilícitamente a modelos de IA (...) para identificar los domicilios de jueces o agentes del orden, y combinar datos obtenidos a través de un hacker a sueldo.
"La amenaza tecnológica no reside sólo en las tecnologías o datos individuales que existen en el mundo, sino en cómo los actores no estatales pueden combinarlos”, escribió Justin Sherman, investigador del Programa de Inteligencia, Seguridad Nacional y Tecnología del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, D.C.
Agregó que, sin una acción rápida, “los riesgos seguirán pasando desapercibidos para la estrategia y los daños no harán sino agravarse”.
Mientras se elevan las barreras para cuidar a los C2, C4 y C5 en México, Michelle Guadalupe aún no aparece. La secuestraron a plena luz del día porque la oscuridad ya estaba dentro de las oficinas encargadas de protegerla.
(Fact checking: JRH)
RM
