La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la puerta a las peticiones de presuntos delincuentes que demandan copia de sus expedientes judiciales para emprender su defensa, por lo que intercederá para que puedan obtenerlos.
El máximo tribunal de justicia recibe frecuentemente este tipo de solicitudes, pero siempre ha manifestado a los peticionarios que sus demandas deben ser dirigidas al Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) para que sean atendidos por abogados de oficio.
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Presidente de la Corte presenta proyecto
Sin embargo, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar López, presentó un proyecto en el cual propuso declarar fundado un recurso de reclamación interpuesto por Miguel Sánchez López, quien enfrenta un proceso en el estado de Guerrero y que actualmente está preso en el penal federal de Durango.
Esta persona también se amparó porque no se le ha practicado el Protocolo de Estambul, ya que alega que fue torturado.
Aguilar Ortiz señaló que la entonces presidencia de este Tribunal Constitucional recibió el escrito y emitió un acuerdo en el que omitió pronunciarse sobre la expedición de las copias.
Esto provocó que el reo se inconformara contra dicha decisión, por lo que la anterior presidencia del Alto Tribunal emitió otro acuerdo en el cual demandó entregarle una copia únicamente de ese acuerdo, no las que estaba solicitando.
“Entonces la persona privada de la libertad interpuso el presente recurso de reclamación. El proyecto propone declarar fundado el recurso y modificar el acuerdo recurrido, toda vez que éste no fue congruente con lo solicitado por la persona privada de la libertad”.
“Además, las personas privadas de la libertad, por la propia naturaleza de la reclusión en un centro penitenciario, enfrentan serios obstáculos para acceder a la justicia, toda vez que no pueden acudir directamente a los juzgados o tribunales para consultar lo actuado en juicio”.
“Por lo tanto, es fundamental que se le hagan llegar las copias de su expediente para que esté en condiciones de defenderse”, declaró el ministro.
Postura de los otros ministros
La ministra Loretta Ortiz Alfh consideró que pese a que la propuesta parece que no hace daño, sí es peligrosa.
“El precedente parece que es inocuo, pero puede ser sumamente peligroso. Lo digo de esta manera: a raíz de él pueden venir a solicitar copias, este, certificadas, que no somos competentes, que están en otros tribunales locales, o sea, esa es la situación. No es una resolución inocua, ese es, por un lado, y por el otro, yo sí creo, e hice mención, en mi participación que lo adecuado sería que la Defensoría Pública tomará su asunto”.
De lo contrario, señaló la ministra, entonces la Corte terminará poniendo “una oficina grande” para atender estos casos”.
Al final, el proyecto de Aguilar Ortiz fue avalado con seis votos a favor y tres en contra, pero matizó diciendo que la Corte no puede dar órdenes a una Sala Penal o a un juzgado.
“Vamos a solicitar, como lo sugiere la ministra Sara Irene, pues que se atienda la petición que nos llegó acá y que se le expidan las copias a la persona. También vamos a pedir el auxilio de nuestra defensoría para que vigile que efectivamente se le entreguen las copias”, puntualizó.
RM
