“Hay varios casos sospechosos de coronavirus, yo diría unos 100, ahorita están aislando en otras celdas a las personas que tienen síntomas, pero después también se llevan a sus compañeros, el problema es que juntan a todos en este mismo lugar aunque algunos no tengan síntomas”, relata Juan 'N' a MILENIO sobre cómo es ser una persona privada de su libertad en el Centro Penitenciario Varonil Oriente.
Al igual que Juan, alrededor de 202 mil personas que están enclaustrados en los casi 285 centros penitenciarios del país se encuentran en la incertidumbre y el abandono total. José Luis Gutiérrez, director de la asociación Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), destacó que las prisiones se han convertido en una bomba de tiempo para estas personas.
“El miedo incrementa al pasar los días, ayer dos personas que estaban en mi celda fallecieron, no me han dicho de qué, pero una de ellas murió aproximadamente a las nueve de la mañana, ya tenía síntomas, pero nada fue reportado a tiempo y de repente se desplomó (...) fue hasta las ocho de la noche que vinieron a recoger su cuerpo, es decir, más de diez horas estuvo ahí”, detalló Juan preocupado.
Gutiérrez refiere que los presos “viven en condiciones deplorables”, y que el sistema penitenciario presenta graves problemas de hacinamiento, sobrepoblación, falta presupuesto en los servicios médicos, problemas tremendos de higiene y de autogobierno.
“En el contexto de la pandemia estas cuestiones se agudizan, por estas mismas carencias, en algunos de los centros penitenciarios el agua potable y las condiciones de sanidad no son una realidad”, expresó el representante de Asilegal.
Ante esto, recordó que hay centros penitenciarios en el país que se encuentran en un 400 por ciento de sobrepoblación, siendo el Estado de México, Guerrero y Puebla las entidades más afectadas por este problema.
“Los centros penitenciarios pueden ser una bomba de tiempo debido a la falta de oportunidades, la falta de espacios para que estas personas sean segregadas. Esto genera que haya un hacinamiento mayor al intentar separar a las personas contagiadas. También han suspendido las actividades creadas para la reinserción social, lo que hace que estas personas estén más tiempo en sus celdas", explicó.
Recalcó que desde antes de la pandemia ellos habían pedido que las condiciones de vida para las personas privadas de su libertad cambie, a través de que los jueces de ejecución, encargados de salvaguardar los derechos y corregir los abusos dentro de los sistemas penitenciarios, sean quienes dicten las condenas, para poder acceder a más libertades anticipadas, condicionadas o por criterios de política penitenciaria.
“Se hubiera evitado mucho, si la ley Nacional de Ejecución Penal se hubiera aplicado desde un principio de manera clara y óptima hubieran accedido más de 25 mil personas a la libertad condicional o anticipada, además ya se tendrían ubicadas a las personas que requieren una libertad por criterios de política penitenciaria”, resaltó.
También recalcó que la Ley de Amnistía era una medida necesaria para evitar la sobrepoblación en los centros penitenciarios del país.
“Si hubiera llevado su proceso tal cual es la técnica administrativa, la comisión que debe de ver estos casos ya estaría observándolos y si se estuvieran establecido las comisiones intersecretariales encargadas de elaborar los planes de reinserción social, hoy todas las secretarías de salud tendrían un diagnóstico de las condiciones de los centros penitenciarios locales para poder formar protocolos adecuados”.
Angustia por encierro aumenta en tiempos de covid-19
Juan está preso porque lo acusaron de estafador y relata que desde hace seis años que se encuentra “atrapado en su jaula”, y que nunca había tenido tanta angustia como ahora, pues se ha enterado de más de cuatro personas que fallecieron durante los últimos dos meses, además de que puede notar un aumento de compañeros con síntomas en su alrededor, quienes no hablan por miedo a que los aíslen con aquellos que podrían estar infectados.
Él también relata que no les informan sobre sus compañeros y que sólo observa a los hombres con los trajes de protección, quienes por las mañanas rocían un líquido en las celdas y se van.
Asimismo, afirma que no les otorgan gel antibacterial y material de desinfección, pero que si ellos quieren ver a sus familiares tienen que usar obligatoriamente cubrebocas, lo cual provoca que les cobren para que puedan conseguirlos.
“Nos vemos a nuestra propia suerte para conseguir este tipo de materiales, aparte si nuestros familiares entran con más de diez cubrebocas les cobran, además han disminuido el número de visitas y las actividades que hacemos al aire libre”, dice.
Para José Luis Gutiérrez, director de Asilegal, el mayor problema de los Centros Penitenciarios del país es la falta de información sobre lo que sucede con las personas privadas de la libertad.
El 8 de junio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó 414 casos confirmados, 216 sospechosos y 62 decesos, por su parte en el mapeo penitenciario que realizan en Asilegal, registraron hasta el 11 de junio 544 contagios (24 por ciento más) y 69 defunciones.
El director informó que las acciones realizadas para la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad son las mínimas y que sólo diez entidades han otorgado libertades anticipadas, las cuales ya habían sido pedidas con anterioridad al periodo de contingencia y las revisiones de los casos son un proceso tardado.
“Estas son acciones que son un derecho de las personas privadas de la libertad, puede sonar que a partir de la pandemia todo el mundo salga libre, pero no es verdad, es hacer el trabajo que tenían que hacer los jueces de ejecución previamente y que estas personas son aquellas que cumplen los requisitos, no se les regalará la libertad a nadie”, destacó.
Lamentó que la categoría de las personas privadas de su libertad no sea registrada en los datos de casos que otorga el gobierno diariamente, esto por la revictimización que viven estas personas durante su condena por parte de la sociedad.
“Lamentablemente están completamente estigmatizados, si se mueren para muchas personas no pasa absolutamente nada, piensan que si están ahí es porque de seguro algo hicieron y esto es no entender lo que pasa en la justicia, que se fabrican culpables. Al ser parte de la sociedad es el Estado quien debe de cuidar su vida e integridad, pero no todos lo ven así”, condenó.
Por su parte, Juan dice que sólo está en la espera de que la situación en el reclusorio Oriente no empeore.
evl
