Seis personas detenidas durante la “Operación Liberación” fueron vinculadas a proceso por su probable participación en delitos de extorsión agravada y secuestro exprés con fines de extorsión, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Gonzalo “N”, identificado como líder del sindicato “Bradosva”, fue procesado por hechos ocurridos el 20 de febrero sobre la carretera Valle de Bravo–Toluca. De acuerdo con las investigaciones, en compañía de sujetos armados, habría exigido a un transportista el pago de 15 mil pesos como derecho de ingreso y una cuota adicional de 2 mil 500 por cada viaje de material de construcción que realizara en la región.
También fue vinculada Yareli “N”, quien fungía como tercera regidora en el Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal. Según la indagatoria, en abril pasado habría participado en la privación de la libertad de un comerciante, al que retuvo en un hotel del municipio para exigirle dinero a cambio de no afectar sus actividades comerciales. Presuntamente, dijo pertenecer a una organización con orígenes en Michoacán.
Comercio bajo amenaza
Jorge “N”, presunto dirigente de madererías en Valle de Bravo, fue imputado por extorsión agravada. Se le acusa de exigir 100 mil pesos a un comerciante y, posteriormente, una cuota mensual condicionada a las ventas, además de imponerle la obligación de comprarle exclusivamente a él.
En otro caso, Antonio “N”, presunto integrante de un grupo delictivo, fue procesado por hechos registrados el 11 de marzo. Él y otros dos sujetos habrían amenazado con matar a un comerciante si se negaba a adquirir carne de res y cerdo exclusivamente con ellos, en los municipios de Sultepec, Almoloya de Alquisiras y Texcaltitlán.
Condiciones impuestas
Alicia “N” y José Fernando “N” también fueron vinculados a proceso por extorsión agravada. La investigación señala que, el 4 de junio, habrían interceptado a una persona en Ixtapan de la Sal para obligarla a comprar madera con un sobreprecio de 12 por ciento, bajo la amenaza de impedirle continuar con su trabajo si se negaba.
Red en Valle de Bravo
Eli “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión. La medida fue dictada tras audiencia celebrada este 27 de julio, luego de que un juez revisó los datos de prueba presentados por la Fiscalía del Estado de México.
Según la carpeta de investigación, Eli “N” habría interceptado a una víctima el pasado 31 de enero en el municipio de Amanalco, donde, en complicidad con otra persona, la obligó a subir a un vehículo. Ahí le exigieron un pago inicial y una cuota semanal de sus ventas, además de indicarle que debía adquirir materiales únicamente en su establecimiento.
La Fiscalía lo identifica como propietario de “JIMEX”, bodega de materiales ubicada en Valle de Bravo. Se le investiga por presuntamente actuar como único autorizado por un grupo criminal con orígenes en Michoacán para distribuir cemento y otros insumos en esa zona.
El detenido fue aprehendido el 21 de julio durante la Operación Liberación, en un despliegue conjunto de autoridades federales y estatales. La autoridad judicial fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva.
En total, siete personas han sido vinculadas a proceso tras este operativo desplegado en municipios del sur del Estado de México. Una audiencia más, relacionada con Bernardo Alejandro “N”, se celebrará el lunes 28 de julio.
Las investigaciones se enfocan en identificar esquemas mediante los cuales individuos o grupos fijaban precios y cuotas, y obligaban a comerciantes a comprar o vender en puntos preestablecidos.
Continúa la investigación
Los imputados permanecen internos en centros penitenciarios estatales bajo medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. La autoridad judicial otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, que concluirá el 23 de septiembre.
Los siete acusados fueron capturados el pasado 21 de julio durante operativos realizados por fuerzas federales y estatales en la zona sur del Estado de México, donde se investiga el uso de unidades económicas para imponer esquemas de compra y venta bajo coacción.
