Del 1 de enero de 2022 con corte al 15 de septiembre de 2025, la autoridad judicial vinculó a proceso a más de 500 personas, incluidos menores de edad, por delitos de feminicidio en territorio mexiquense, de los cuales 498 recibieron sentencias condenatorias, pero 49 fueron absueltos al no hallarse pruebas suficientes de su participación en dichos crímenes, de acuerdo con el Poder Judicial del Estado de México (PJEM).
En respuesta a una solicitud de información, el Poder Judicial mexiquense detalló a MILENIO que en el periodo antes mencionado fueron vinculados a proceso 543 adultos señalados por muertes violentas de mujeres en razón de género, mientras que 11 más fueron adolescentes; es decir, 554 personas a quienes la autoridad judicial determinó su probable participación en feminicidios.
El desglose de la información refiere que, respecto a adultos, 135 fueron vinculados en 2022, 136 en 2023, 144 en 2024 y, del 1 de enero al 15 de septiembre de 2025, se vinculó a 125; en tanto, en el caso de adolescentes, uno fue vinculado en 2022, cuatro en 2023, cinco en 2024 y uno hasta el 15 de septiembre del presente año.
Sentencias absolutorias
El Poder Judicial estatal precisó que de 2022 al 15 de septiembre de este año los jueces, incluidos aquellos especializados en adolescentes, dictaron 548 sentencias, de las cuales 498 fueron condenatorias, 49 absolutorias y una mixta; es decir, existe una sentencia mixta que incluye 70 años de prisión y amonestación pública, multa, prisión, reparación del daño, así como suspensión o privación de derechos vinculados al hecho.
Respecto a las sentencias absolutorias, todas corresponden a adultos; ninguna aplicó para adolescentes. El documento detalla que seis fueron dictadas en 2022, 15 en 2023, 16 en 2024 y 12 en 2025.
Corresponden a casos que datan de 2021 a 2025, cuyos principales Tribunales de Enjuiciamiento de donde emanaron estas resoluciones fueron Ecatepec, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Toluca. En tres de estos casos también se investigaban los delitos de homicidio doloso o violación, pero no hubo pruebas suficientes para sentencias condenatorias.
Sentencias condenatorias
Un dato relevante es que de las 547 sentencias determinadas por los jueces, 498 fueron condenatorias, lo que significó que en 91 por ciento de los casos hubo un responsable plenamente identificado que recibió condenas privativas de la libertad, incluso vitalicias; es decir, no saldrán de prisión.
De los 498 condenados, 486 fueron adultos, mientras que 12 fueron adolescentes, con sentencias de tres a cinco años de internamiento en el Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque”, ya que los menores de edad no pueden ser juzgados como adultos y la máxima pena privativa de la libertad es de cinco años, aplicable únicamente de los 16 años hasta antes de cumplir los 18.
Edomex, segundo lugar nacional de feminicidios
De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), entre enero y octubre de 2025 se iniciaron 51 carpetas de investigación por feminicidio en el Estado de México, cifra que lo coloca como la segunda entidad con mayor incidencia en números absolutos, mientras que Sinaloa ocupa el primer lugar con 62 expedientes.
Caso Itzel en Ozumba
Recientemente, la autoridad judicial vinculó a proceso a José Ignacio 'N' por su probable participación en el feminicidio de Itzel, joven reportada como desaparecida el 7 de octubre en el municipio de Ozumba. De acuerdo con la indagatoria, la víctima fue vista por última vez al interior de un domicilio en Tepetlixpa, lugar donde se encontraba en compañía del hoy imputado.
La autoridad judicial determinó que existen datos suficientes para continuar el proceso penal en su contra, con la medida cautelar de prisión preventiva justificada. El imputado fue ingresado al Centro de Prevención y Reinserción Social de Chalco y permanecerá en ese lugar mientras concluye la investigación complementaria, para la cual se fijó un plazo de tres meses.
La orden de aprehensión fue ejecutada por la Policía de Investigación tras las diligencias realizadas por el Ministerio Público. La Fiscalía mexiquense solicitó a la ciudadanía aportar información adicional en caso de identificar al detenido como posible implicado en otros hechos delictivos. José Ignacio 'N' mantiene la calidad jurídica de inocente hasta que exista una sentencia condenatoria.
Libres, los tres feminicidas de Jimena Sarahí
Los tres feminicidas de Jimena Sarahí , una menor de apenas 14 años de edad, originaria del municipio de Ixtapaluca, fueron liberados y absueltos del delito de feminicidio en mayo de este año por magistrados del Tercer Tribunal de Alzada, con sede en Texcoco.
Pese a que un juez del Estado de México les impuso una condena de más de 100 años de prisión, Jesús Ángel 'N', Manuel Yovani 'N' y Braulio Jorge 'N', tíos y abuelastro de la menor, salieron del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco sin cargos en su contra.
“Nosotros estamos con coraje porque salieron los que le hicieron daño a mi nieta y la verdad no se vale, nos la quemaron y ahorita ya salieron; o sea, nada más fue un año lo que pagaron y pues nosotros lo que queremos es justicia”, aseguró Claudia, abuela de la menor.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) demostró que la menor fue privada de la vida de forma violenta a manos de estas tres personas. Según las investigaciones, la causa de muerte fue una laceración medular y el rompimiento de tráquea con un “chinazo”.
Previo al deceso, la menor fue sumergida en cuclillas en agua hirviendo, lo que le provocó quemaduras de segundo grado en 48 por ciento de su cuerpo, con el consecuente desprendimiento epidérmico.
El monstruo dentro de la casa
Jimena vivía con su abuela, la pareja de esta y tres de sus tíos. Desde los 12 años comenzó a ser abusada por Jesús Ángel, su tío de 22 años; producto del abuso, la menor dio a luz a un bebé y, a los 15 días de nacido, fue privada de la vida dentro de su casa y por su propia familia.
En un principio, los tíos y el abuelastro intentaron hacer pasar la muerte por un accidente; aseguraron que la menor se había bañado con hierbas como parte de la recuperación del parto y que, por accidente, se volteó un bote con agua hirviendo, pero la Fiscalía demostró con peritajes la falsedad de su declaración.
“Han sido parcialmente fundados y suplidos en su deficiencia los agravios expuestos en favor de los justiciables; en consecuencia, se revoca la sentencia condenatoria dictada por el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, dictándose en su lugar sentencia absolutoria en favor de Manuel Yovani ‘N’, Jesús Ángel ‘N’ y Braulio Jorge ‘N’, al no haberse acreditado a cabalidad la circunstanciación fáctica constitutiva del delito de feminicidio”, se lee en la resolución del Tribunal.
Hoy, la familia pide justicia y que los tres culpables regresen a prisión para purgar la pena de 103 años de cárcel que les había impuesto la autoridad judicial del Estado de México.
“Nos da miedo que nos quiten al niño, porque salieron absueltos; lo único que queremos es que paguen lo que hicieron, porque ella era una niña”, finalizaron.
Poder Judicial del Edomex anuncia acciones en 11 municipios con Alerta de Género
El Poder Judicial del Estado de México anunció que instalará módulos judiciales municipales en los 11 municipios con declaratoria de Alerta de Violencia de Género, con el fin de establecer un primer punto de atención para mujeres que soliciten intervención institucional. Estas sedes operarán de forma gradual y contarán con personal capacitado para atender situaciones de riesgo, medidas de protección y orientación jurídica básica.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia mexiquense, Héctor Macedo García, explicó que esta estrategia forma parte de un plan territorial que busca acercar servicios judiciales a zonas donde la violencia contra las mujeres mantiene altos índices y rezago de atención. Aseguró que el proyecto se coordina con autoridades locales para su implementación.
“La colaboración con los alcaldes es desde el punto de vista, primero, de establecer una ruta para el efecto de la prevención del feminicidio en los 11 municipios con alerta de género que tenemos y empezar ahí con los módulos municipales”, dijo.
De acuerdo con Macedo García, los módulos judiciales funcionarán como una primera instancia para recibir solicitudes de acompañamiento legal y tramitar medidas de protección inmediatas, con atribuciones procesales delimitadas. Detalló que cada sede contará con infraestructura básica, área de asesoría jurídica, ventanilla para canalización a juzgados y recepción de trámites urgentes.
El presidente del Tribunal señaló que esta intervención forma parte de una política institucional que busca fortalecer el acceso a la justicia en zonas donde persisten altos índices de violencia familiar y de género. Indicó que el proyecto iniciará en los municipios con Alerta de Género y ampliará su cobertura conforme existan condiciones materiales y normativas.
“La idea de la justicia municipal tiene que empezar con un saque o con un arranque, y es en los 11 municipios que tienen alerta de género, para posicionar una política de prevención contra el feminicidio”, apuntó.
Agregó que la estrategia se encuentra en fase de planeación y requiere autorización presupuestal del órgano de administración judicial para operar. Informó que el Poder Judicial buscará recursos etiquetados para garantizar la instalación progresiva de módulos municipales y su funcionamiento en coordinación con autoridades locales.
“En esos 11 municipios estableceremos módulos judiciales; para ello tendremos que generarlos, pedir al órgano de administración judicial recursos, porque se requieren recursos, y con eso lograr el primer contacto con la ciudadanía”, señaló.
Macedo García indicó que estas acciones se integrarán al Plan de Desarrollo Judicial 2025–2027, actualmente en diseño, con un enfoque de proximidad y atención directa a mujeres en situación de violencia. Añadió que los módulos operarán con personal capacitado en perspectiva de género y protocolos de actuación inmediata.
El titular del Poder Judicial sostuvo que la intervención institucional en los municipios con Alerta de Género forma parte de una estrategia estructural y que su implementación será progresiva, debido a que requiere adecuaciones jurídicas y asignación de recursos. No precisó fechas de inicio, pero afirmó que existen acuerdos iniciales con distintos ayuntamientos para facilitar la instalación de estas sedes.
Acciones desde la Legislatura contra el feminicidio
La Legislatura del Estado de México avanzó en dos proyectos orientados a modificar el marco jurídico vigente en materia de violencia contra las mujeres y combate al feminicidio.
En la Comisión de Procuración y Administración de Justicia fue aprobada una reforma que elimina las exenciones al delito de encubrimiento cuando exista relación familiar entre el encubridor y el responsable del feminicidio. De esta forma, quedará sin efecto cualquier argumento basado en parentesco o vínculo afectivo para evitar sanciones.
El dictamen plantea la modificación del artículo 281 del Código Penal estatal con el fin de sancionar a cónyuges, concubinos, ascendientes, descendientes o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad que encubran a probables responsables.
La propuesta incluye penas de prisión y sanciones económicas que podrían alcanzar hasta ocho años y 300 días multa, según la gravedad del caso. Legisladores que integran la comisión señalaron que la eliminación de estas dispensas evitará que el vínculo familiar impida el avance de las investigaciones.
Durante la misma sesión comenzó el análisis de una propuesta para hacer imprescriptibles las faltas administrativas derivadas de delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Esta iniciativa busca armonizar la legislación del Estado de México con criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el propósito de que la búsqueda de justicia no quede limitada por el paso del tiempo.
De forma paralela, el pleno de la Legislatura mexiquense turnó a comisiones la iniciativa conocida como Ley Mariana Lima. Este proyecto establece que todas las muertes violentas de mujeres en la entidad deberán investigarse bajo perspectiva de género y con aplicación del protocolo de feminicidio. El planteamiento incluye los casos registrados como homicidios, suicidios o accidentes cuando existan indicios de violencia.
La propuesta contempla reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal estatal, con tres objetivos principales: primero, la incorporación obligatoria de la perspectiva de género y la debida diligencia en toda investigación relacionada con muertes violentas de mujeres; segundo, la sanción a servidores públicos que incurran en omisiones, negligencias u obstrucción de la justicia; y tercero, la garantía de reparación del daño a víctimas indirectas.
Ambos proyectos quedaron en estudio dentro de comisiones legislativas para su dictaminación. Posteriormente, serán discutidos y sometidos a votación en el pleno del Congreso del Estado de México.
Con información de Zuleyma García, en Ixtapaluca
HCM
