El Comité 68 advirtió que la muerte de Luis Echeverría no extingue la causa penal por los crímenes de Estado cometidos el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, así como el 10 de junio de 1971 en la matanza del jueves de corpus y la política terrorista de la brigada blanca que ejecutó la Guerra Sucia contra pueblos enteros en Guerrero, que derivó en la ejecución y desaparición forzada de miles de personas.
En un pronunciamiento a causa de la muerte de Echeverría Álvarez, el Comité 68, que agrupa familiares y víctimas, recordó que Echeverría Álvarez pasó más de dos años en prisión domiciliaria y murió imputado por genocidio, porque nunca fue exonerado y su libertad se dio bajo reserva de ley y amparado por la inacción y argumentos leguleyos de la entonces Procuraduría General de la República en 2009.
Por ello, el Comité 68 exigió continuar los procesos judiciales y aclaró que la lista de perpetradores es conocida por todos y continúan gozando de la impunidad y la protección del poder político oficial. De la misma manera, propusieron una reforma al sistema judicial para que “ningún crimen de Estado contra el pueblo quede impune y jamás se vuelva a cometer”; además, el Comité recordó a las instancias encargadas de la impartición de justicia, que los crímenes de lesa humanidad no prescriben.
"Las organizaciones consecuentes, las nuevas generaciones, las familias de todos los compañeros violentados en sus derechos humanos y todos los que logramos sobrevivir a toda esa época represiva asumimos la vigencia y continuidad de nuestra lucha, insistimos en el acceso pleno a la justicia, la reparación del daño y la garantía de no repetición.
Demandamos la extinción de dominio de los cuantiosos bienes de Luis Echeverría para que sean aplicados en la reparación del daño y en favor de sus víctimas. No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Y que quede claro, con la muerte de Echeverría no se extinguen los procesos y causas por genocidio", expresó el Comité 68.
DMZ
