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Sábado , 23.02.2019 / 15:35 Hoy

Faltó supervisión en C5 de Jalisco: Contraloría

La contralora reveló que en este caso ni siquiera hubo plan de trabajo donde se establecieran las obligaciones de la Fiscalía y empresa.
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La Contraloría del Estado de Jalisco concluyó la auditoría al Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputo del Estado, mejor conocido como el C5. La principal irregularidad que encontraron fue la no supervisión de la Fiscalía Estatal en la instalación y funcionamiento de las cámaras de videovigilancia.

La titular de la Contraloría, Teresa Brito Serrano informó que se observaron 895 millones de pesos que es el monto total del contrato que la pasada administración sostuvo con la empresa CIS lnternacional Limited que fue la encargada de equipar el Escudo Urbano.

“La forma en que supervisó la instalación, ahí detonamos las deficiencias y luego entonces las irregularidades”, apuntó.

Entrevistada en Casa Jalisco, la contralora informó que las observaciones están dirigidas a las actuales autoridades, pero también tendrán que responder los ex funcionarios de la pasada administración.

“Y tendremos que requerir a los que firmaron ese documento y en este caso estoy hablando de las Fiscalía y bueno, se va a desprender quien se hacía en ese entonces el responsable del C-5 en donde se habla que nunca se recibió formalmente todo lo correspondiente y eso si alega en descargo”, advirtió.

La titular de la Contraloría del Estado de Jalisco reveló que en este caso ni siquiera hubo plan de trabajo donde se establecieran las obligaciones de la Fiscalía y empresa.

“Si no fue bien supervisado, si no hubo un plan de trabajo concreto, luego entonces habría que valorar que tanto incumplió la empresa en ese equilibrio, habría que ver, no me quiero adelantar”, expresó.

En el informe final, dijo, “reportamos una serie de irregularidades que tienen que ver con el cumplimiento del contrato. No había un plan de trabajo, ni había un seguimiento puntual, no había una verificación y acabo de dar cuenta de esa auditoría a las áreas correspondientes, especialmente a Alejandro Plaza del C-5 y le estamos dando un término para que conteste”, manifestó.

Las autoridades tienen un plazo de diez días para responder las observaciones hechas.

Una vez vencido dicho plazo, se podrían iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa e incluso de tipo penal en contra de quien resulte responsable. 

SRN

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