Un grupo de padres de los normalistas de Ayotzinapa denunciaron que son objeto de exclusión en las diligencias realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR), lo que constituye una clara violación a sus derechos humanos.
Vía comunicado, los padres dieron a conocer su inconformidad con la manera en que se han desarrollado algunas diligencias relacionadas con los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Entre los quejosos estaban Máximino Hernández de la Cruz, Celso Garcia Aristeo, Oscar Ortiz Serafín, Juan Colón Suárez, Alfonso Rodríguez Sánchez, Hugo Mora Venancio, Elizabeth Rodríguez Bello, Inés Gallardo Martínez, Luis Vázquez, Antonio Colón Garnica, María Isabel Alcaraz y el ex vocero Felipe de la Cruz Sandoval.
Te recomendamos leer...
¿Qué acusan los padres de los normalistas desaparecidos?
Señalaron que fue por los medios de comunicación que tuvieron conocimiento de una diligencia ministerial encabezada por personal de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), en presencia de integrantes de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (COVAJ).
Dicha diligencia se realizó en la funeraria El Ángel, en la ciudad de Iguala, Guerrero, con presencia de representantes del Centro de la Montaña Tlachinollan, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, de Fundar Centro de Análisis e Investigación y de una comisión de 15 padres y madres de los estudiantes desaparecidos.
Así como de alumnos de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos".
Reprochan: “Los abajo firmantes no fuimos informados de la realización de la aludida inspección, situación que nos agravia, dado que no es la primera ocasión en que se nos excluye de procedimientos relacionados con el caso, lo que constituye una flagrante violación a nuestros derechos humanos, particularmente a la seguridad jurídica y a la legalidad”.
Explicaron que actualmente existen diferencias y desacuerdos que han dado lugar a la conformación de dos grupos de padres y madres de las víctimas.
Esto ya es del conocimiento de la COVAJ; la UEILCA y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de tal manera que ya son 15 padres y madres que se han integrado a un segundo bloque, los cuales, aseguraron, han recibido una asistencia técnico-jurídica inoportuna, insuficiente e irrazonable, a pesar de su calidad de víctimas.
Dicho trato, refieren que resulta contrario al mandato conferido a la COVAJ, UEILCA y CEAV, en el sentido de garantizar el acceso a la verdad y la justicia.
“Hace unos días tampoco fuimos informados sobre un requerimiento emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con residencia en Tamaulipas, para que manifestemos lo que a nuestro derecho convenga respecto de la posible creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa”, dicen los protestantes.
Manifestaron su desacuerdo ante la posible creación de un nuevo organismo, pues a la fecha ya existen la COVAJ y la UEILCA, las cuales fueron creadas en 2018 a partir de un decreto presidencial.
Advirtieron que la creación de una nueva comisión podría ocasionar dilaciones, fragmentación de la investigación, conflictos de competencia, duplicidad de funciones, dilapidación de recursos, debilitamiento institucional y mayor politización del caso.
Efecto dominó tras creación de la Comisión de la Verdad
Recordaron que la resolución judicial que motivó la propuesta de creación de una Comisión de la Verdad, propició la liberación de decenas de presuntos perpetradores al considerar supuestos actos de tortura, lo que posiblemente no ha sido debidamente valorado por el otro grupo de padres y madres.
“Hacemos un atento llamado a quienes apoyan la creación de dicha comisión para que reconsideren su postura, cabe señalar que las inconsistencias e irregularidades del pronunciamiento judicial han sido públicamente señaladas por el titular actual de la COVAJ”.
El grupo disidente al seno del colectivo Nos Fatan 43 dirigió un llamado a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para que le brinde la atención integral a todos los padres afectados por el caso Ayotzinapa, sin que se registren más actos de exclusión que solo generan más división.
RM
