M+.- El caso iniciado en una Corte federal de Nueva York contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, otros nueve políticos de dicho estado e integrantes y socios del Cártel de Sinaloa, por cargos de conspiración para introducir fentanilo a Estados Unidos, es más grande de lo que se conoce públicamente.
Hay por lo menos cuatro acusaciones más dentro del mismo expediente en contra de varias personas cuyas identidades no se han revelado, que ya fueron presentadas ante un gran jurado, el cual avaló como suficiente la evidencia inicial y dio paso al libramiento de órdenes de aprehensión en contra de los implicados.
De acuerdo con las fuentes consultadas, dichas acusaciones secretas fueron registradas bajo los números de expediente S2 23-cr-180; S3 23-cr-180; S4 23-CR-180 y S8 23-CR-180. Los detalles respecto a las identidades de los acusados, su perfil y los cargos se encuentran under seal o 'bajo sello', que es el término utilizado para referir una acusación ya presentada, pero no se ha dado a conocer públicamente.
Cabe señalar que cada una de estas cuatro imputaciones, conocidas como acusaciones sustitutivas, puede incluir cargos en contra de una o varias personas que no hayan sido denunciadas previamente por el mismo hecho.
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Un ejemplo de ello fue el expediente S9 23-CR-180 (acusación sustitutiva número 9), desclasificado ya por orden de la jueza previa petición del Departamento de Justicia, el cual incluyó cargos en contra de diez personas más dentro de este mismo caso, todos ellos exfuncionarios y servidores de Sinaloa, entre ellos Rocha Moya.
Todas estas acusaciones se desprenden de un caso base abierto y presentado en 2023 desde la Corte del Distrito Sur de Nueva York, con el cual el Departamento de Justicia acusó por primera vez al Cártel de Sinaloa (y concretamente a la facción de Los Chapitos) de operar para introducir grandes cantidades de fentanilo a Estados Unidos, droga que para ese momento ya había cobrado una cifra récord de muertes por sobredosis.
En esa acusación inicial, el gran jurado presentó cargos en contra de 22 personas, entre ellas Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, y varios integrantes y socios del cártel, incluidos tres empresarios de origen chino ligados con el tráfico de los precursores químicos que se utilizan para fabricar el fentanilo.
A partir de la presentación de esa acusación base, ya se han formalizado nueve acusaciones más sustitutivas, de las cuales hay cuatro que, como ya se dijo, se mantienen en secreto hasta la fecha.
Los otros acusados ya revelados
El 28 de mayo de 2024 se desclasificó la primera acusación sustitutiva relacionada con el mismo caso, la cual incluyó cargos presentados en contra de Néstor Isidro Salas, alias El Nini, uno de los líderes del grupo de seguridad de Los Chapitos, y por el cual se llegaron a ofrecer hasta tres millones de dólares de recompensa. Dicha persona fue extraditada ese año.
En agosto de 2025, se desclasificó una nueva acusación sustitutiva, en este caso la marcada con el número cinco, e incluye cargos en contra de Martin Zazueta Pérez, alias El Piyi, quien también era un integrante importante del aparato de seguridad de Los Chapitos.
Casi de forma simultánea también se desclasificó la acusación en contra de otro nuevo imputado identificado como Kevin Gil Acosta, El 200, presunto operador del hijo mayor de El Chapo Guzmán y cómplice en las operaciones de tráfico de fentanilo.
Ya en este año, el 2 de febrero, la Corte desclasificó la acusación marcada con el número 7 del expediente en contra de Iván Valerio Sainz Salazar, El Mantecas, quien según la acusación fue uno de los principales operadores de la red de narcolaboratorios entre 2022 y 2025, y un integrante de alto nivel de la dirección del grupo criminal.
El 29 de abril se desclasificó la acusación sustitutiva número 9, que incluye los cargos en contra de diez servidores y exfuncionarios de Sinaloa, liderados por Rocha Moya, a los que se acusa de haber confabulado con Los Chapitos para ganar la elección por la gubernatura del estado y, después, de dar facilidades a la operación del grupo criminal y sus laboratorios.
Sobre el momento en que podrían desclasificarse las acusaciones sustitutivas que se mantienen en secreto, fuentes consultadas indicaron que esto puede ocurrir cuando los acusados en esos pendientes sean efectivamente detenidos o extraditados a Estados Unidos, o cuando por decisión del fiscal general se solicite a la jueza a cargo del proceso la desclasificación del expediente.
Los que negocian
Hasta el momento hay seis personas detenidas y acusadas dentro de estos expedientes, las cuales ya cerraron negociaciones con los fiscales y optaron por declararse culpables sin ir a juicio. Todos tienen potencial para ser utilizados como posibles testigos dentro de este mismo proceso.
Se trata de Silvano Francisco Mariano, Julio Marín González, Carlos Omar Félix Gutiérrez, Sergio Duarte Frías, Juan Pablo Lozano y Ana Gabriela Rubio Zea.
Son, en su mayoría, personas que colaboraron en la logística de la operación de narcolaboratorios, en actividades de tráfico de armas o en lavado de dinero.
Hay otros que se encuentran bajo proceso, con la posibilidad de llegar a acuerdos en el futuro. Entre ellos destaca el caso del exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, quien de forma voluntaria se entregó a las autoridades estadunidenses el 15 de mayo.
Otro que se habría entregado de acuerdo con versiones surgidas desde México es Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa y uno de los imputados en la acusación sustitutiva número 9.
Sin embargo, hasta la fecha, dicha persona no ha sido presentada en la Corte ni ha sido ingresada a algún centro penitenciario federal de los Estados Unidos.
MD
