Todos los partidos representados en el Congreso de la Unión hablan de la vuelta de los militares a los cuarteles y de volver a tener responsables civiles en tareas de seguridad.
O al menos esa fue la justificación de la reforma constitucional que acaba de pasar en la Cámara de Diputados, que extiende el periodo de gracia de las fuerzas armadas por 10 años más para intervenir en tareas de seguridad, pero en realidad ninguna fuerza política está realmente haciendo nada por remediar la situación.
El argumento hasta el momento es que no se puede prescindir del ejército y la marina en tareas de seguridad, porque nuestras policías no tienen las condiciones necesarias para combatir al crimen organizado, sin embargo, tampoco se han generado las políticas y estrategias que permitan que las policías del ámbito federal, estatal y municipal se fortalezcan y capaciten para hacerse cargo de la tarea.
El primer año límite que marcaba un transitorio de la Constitución para la vuelta a los cuarteles era el 2024, pero como pasaron los años sin apostarle al fortalecimiento de las policías civiles ahora aumentan a 10 años más, sin embargo, acaban de pasar la Guardia Nacional, que es en la práctica la policía nacional, al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, ¿cómo pretender construir una policía civil, si la única que tenemos a nivel nacional la están mandado a las fuerzas armadas?
El final de esta historia es previsible, pasarán 10 años y no vamos a lograr devolver el ejército a los cuarteles, por la simple razón de que no estamos dando ningún paso hacia el fortalecimiento de las policías civiles.
Dicho en palabras coloquiales, estamos pateando la lata o aplicando paliativos, porque no tomamos acciones para afrontar el problema, damos un plazo mayor y esperamos que se resuelva por arte de magia y eso no va a suceder nunca si no hay una intervención decidida de parte de todos los órdenes de gobierno.
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