Uno de los factores que propició la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador fue el hartazgo de la ciudadanía con la corrupción en el sector público, que él tomó como una de sus banderas, prometiendo que iba a acabar con la misma y que no se toleraría de ninguna forma en su gobierno, incluso fue más allá, al señalar que castigaría a los responsables aún si fueran de su familia.
Ahora en retrospectiva podemos estar seguros de que la posición de Andrés Manuel López Obrador frente a la corrupción no fue más que demagogia.
En su gobierno hubo actos de corrupción graves, que fueron tolerados e incluso promovidos desde su propio entorno familiar y círculo cercano, se crearon grandes fortunas a través del tráfico de influencias, licitaciones a modo y contratos amañados.
Su hermano Pío López recibió sobres de dinero ilegal para financiar campañas, su hijo Andrés administra una serie de contratos públicos de PEMEX y otras paraestatales a cambio de grandes sumas de dinero que le permiten tener el tren de vida de un millonario, Ana Gabriela Guevara ha desfalcado a la CONADE, mientras los deportistas no tienen los apoyos necesarios para representar a nuestro país en justas internacionales o la familia de Manuel Bartlett es el epicentro de una intrincada red de corrupción que desfalca al Estado Mexicano.
La cosa es tan grave que hasta el ejército se ha manchado con los escándalos de uso indebido de los recursos públicos.
Lo peor de todo es que la corrupción a pesar de ser tan evidente y de haber pruebas no se persigue, se dejó libre a Lozoya, a Elba Esther, a Rosario Robles, tampoco los responsables del fraude a SEGALMEX están presos a pesar de que es uno de los grandes desfalcos de nuestra historia y Obrador en lugar de condenar, ha salido en defensa de los responsables, acusando a los medios que presentan pruebas de intentar golpear a su Gobierno, en especial con los casos con los que guarda una relación familiar, como sus hijos, hermanos y sobrinos.
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