En la política mexicana, cuando el poder encuentra dificultades para controlar la conversación pública, una de las tentaciones es regularla.
Esta semana, la fracción de Morena en el Senado dio un paso en esa dirección al impulsar en comisiones una reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que, bajo el argumento de combatir la suplantación de identidad oficial, abre la puerta a la criminalización de la parodia y la crítica satírica.
El matiz —reducir la pena propuesta de siete a cinco años de prisión y retirar alusiones directas a medios digitales— busca amortiguar el impacto del dictamen.
Lo anterior no altera el fondo: encarcelar y multar con hasta un millón de pesos a quien utilice la identidad gráfica del Gobierno con fines que la autoridad considere engañosos sigue planteando una respuesta penal que resulta desproporcionada frente al riesgo que pretende combatir.
En la práctica, la distinción entre un intento de fraude institucional y una caricatura política en redes sociales suele quedar a la libre interpretación del juzgador o del funcionario agraviado.
Históricamente, la parodia y el meme han funcionado como las válvulas de escape del humor social frente a la solemnidad del discurso oficial.
Pretender llevar el uso de logotipos o sellos gubernamentales al terreno del derecho penal para defender la "propiedad industrial" del Estado confunde la protección de marcas con la tutela de la imagen pública.
El debate que llegará este martes al pleno del Senado no es menor. Más allá de si la iniciativa prospera o se diluye en la negociación legislativa, el episodio deja al descubierto una constante: la fragilidad de la piel política cuando la crítica se viste de ironía.
En un ecosistema digital donde la conversación pública se mueve a través del contraste y el sarcasmo, legislar con el código penal en la mano contra la libertad de expresión suele generar el efecto contrario al deseado.
En los últimos años las benditas redes, cuando le conviene al poder en turno, se han convertido en el amplificador de las expresiones contra el sistema, entonces existe el riesgo de amplificar la burla y terminar convirtiendo la propia regulación en parte del meme.
