Según la actualización más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cifra nacional de homicidios del 2020 ascendió a 51 mil 409 en total. Por su parte, el INEGI reporta una tasa de 13 homicidios por cada 100 mil habitantes tan solo en el primer semestre de 2020, mientras que en 2019 ocurrieron 29 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, tasa similar a la registrada en 2018. Las crecientes tasas de homicidios en México son similares a las tasas de producción y exportación de armas de Estados Unidos.
La violencia armada es una enfermedad del siglo XXI contra la cual se creó la Red para Prevenir la Violencia por Armas de Fuego en las Américas bajo un enfoque en los desafíos y posibles soluciones para actuar ante este problema humanitario. Se necesita un nuevo modelo que tenga en cuenta el costo humano de la proliferación de armas de fuego; sin las reformas necesarias en políticas de salud, economía y crimen organizado, las implicaciones seguirán afectando principalmente a ciudadanos mexicanos y centroamericanos.
Las fuerzas policiales federales, estatales y locales obtienen armas del ejército debido a que es la única institución autorizada para distribuir armas de fuego en México. Además, las fuerzas policiales no cuentan con la infraestructura adecuada para evitar la pérdida o el robo de armas de fuego, por lo que algunas han sido implicadas en abusos contra los derechos humanos. Es fundamental que instituciones como la UNAM, IPN, así como otras universidades de México, Estados Unidos y Centroamérica se unan a la Red para actuar ante este reto que enfrentamos como continente.
Debido a que el control fronterizo de Estados Unidos se enfoca más en el movimiento hacia el norte, cualquier persona que viaje hacia el sur está sujeta a menos escrutinio, por lo que se facilita el contrabando de armas de fuego a través de la frontera. Algunas opciones para implementar una nueva estrategia son: aumentar el acceso a los datos relacionados con las armas fabricadas en Estados.
Unidos que se recuperan de escenas de crímenes en otros países, prohibir las armas de asalto en los EE. UU., implementar verificaciones de antecedentes universales, prevenir los esfuerzos para debilitar la supervisión de las exportaciones de armas, implementar políticas para reducir las tasas de armas perdidas o robadas, regular la venta de municiones, exigir informes de ventas múltiples de armas largas y definir la supervisión de la industria de armas estadounidenses.
Los intentos de promover el estado de derecho en México y de hacer cumplir de forma más estricta los controles fronterizos no han tenido el efecto esperado de disminuir la violencia; las drogas continúan su flujo, las organizaciones criminales prosperan y la violencia armada es desenfrenada.
Algunos problemas que enfrentan quienes intentan presionar por un cambio legislativo son la influencia de la industria de las armas y la dependencia que México tiene de los Estados Unidos. Además, se debe reforzar el esfuerzo en conjunto para rastrear no solo las armas, sino también el dinero; esto sería crítico para reducir el poder del crimen organizado y la corrupción. Varias organizaciones de la sociedad civil como Ciencia Previene Violencia, han tenido éxito al trabajar juntas para implementar reformas locales, así como el poder de las organizaciones de víctimas como el Observatorio Nacional de Violencia Armada y Género, para influir en la política. Mientras miramos hacia el futuro, el cambio que buscamos para reducir la violencia armada a nivel internacional, en particular para nuestro continente, será logrado por movimientos dispuestos a presionar a sus gobiernos.
*El autor es médico investigador del movimiento Ciencia Previene Violencia, una iniciativa del Instituto de Salud Pública Anáhuac
victor.andradeca@anahuac.mx
