“El precio de desentenderse de la política
es el ser gobernados por los peores hombres”
Platón
Ni a usted que me lee, ni a mí, ni a nadie; le gustaría encontrarse con una marcha o manifestación, que cierre un camino o carretera y que le impida llegar a su trabajo, casa o cualquier otro lugar; y obviamente a ningún empresario le gustaría que los trabajos que se encuentre realizando le sean bloqueados, puesto que ello le generaría pérdidas económicas.
Sin embargo, todo lo anterior, debe estar en sintonía y observar, aunque a veces no nos parezca, lo previsto en nuestra Constitución Federal, que en su artículo 6, contempla la libertad de expresión y manifestación de ideas y el artículo 9, la libertad de asociación y de reunión; siempre bajo un marco de respeto y de legalidad.
Dicho lo anterior, llama la atención que el gobernador de Tabasco, postulado por Morena, el mismo partido que el Presidente de la República, haya sido quien envió una iniciativa para reformar el código penal del estado y poder incluir una nueva figura penal, misma que fue aprobada por el Congreso del Estado, el pasado lunes en sesión extraordinaria y por mayoría de votos de diputados de Morena también.
Este nuevo tipo penal, contempla que al que extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas o impida total o parcialmente el libre tránsito de personas y vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos y obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local, se le impondrá prisión de 6 a 13 años y multa de entre 84 mil a 168 mil pesos, aproximadamente.
Así, debe precisarse, que esta mal llamada “ley garrote”, no es por lo tanto una ley, pero lo que sí debe decirse, es que esta reforma, sí generará un efecto de “garrote”, es decir, tal y como fue aprobada, el gobierno y los jueces de Tabasco, podrán usarla para que legalmente, se puedan violar derechos humanos de quien decida participar en una marcha o manifestación.
Resulta increíble que el ahora Presidente López Obrador, quien participó en manifestaciones en las que bloquearon instalaciones de Pemex y por las que fue acusado por la entonces PGR, por pérdidas de más de 63 millones de pesos y que además organizó en 2006 el bloqueo de la avenida Reforma en la ciudad de México y que datos de CONCANACO señalan que se perdieron 203 millones de pesos por cada día; sea quien ahora justifica las reformas ante supuestos abusos y excesos.
El que la presidenta nacional del partido Morena, haya salido a defender las reformas, argumentando supuestas manipulaciones en contra de la refinería de Dos Bocas que habrá de construirse en Tabasco, evidencia únicamente que no conoce el texto y sus alcances legales.
Columnistas, abogados y partidos de oposición han señalado que promoverán legalmente en contra de las reformas y la CNDH ha señalado que se encuentra analizando la posible violación a derechos humanos; por lo que queda claro, que no se ha dicho la última palabra y existe la posibilidad de que puedan quedar sin efectos algunas de sus partes.
Así, pareciera que siendo oposición, convienen algunas acciones y cuando se es gobierno, se desea que desaparezcan; por lo que bien aplica el dicho popular: “No es lo mismo ser borracho que cantinero”.
*Abogado y Maestro en Derecho Constitucional y Amparo. Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa 2010-2017
