Me estremecí al conocer su caso por la prensa local. De inmediato busqué contactarme con la señora Gaby, madre de Juanita, una joven con discapacidad intelectual detenida en un tianguis de la ciudad de Torreón, Coahuila, acusada de intentar robarse un bebé.
Era el mes de octubre de 2018, ya tenía algunas semanas privada de su libertad en un Centro Penitenciario de Saltillo, sin la posibilidad de ver a sus familiares, escoger abogado, hacer valer su capacidad jurídica como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y peor aún, sin indicio o prueba contundente sobre el robo del infante, a reserva del intento de caricia que quiso hacerle (ver columna 29/oct/18).
https://www.milenio.com/opinion/veronica-rocha/mundo-inclusivo/recorde-a-erick
Hablé con Gaby vía telefónica.
La escuché, la conforté, le dije “necesita a un experto en el tema de justicia y discapacidad”.
Me contacté con Ricardo Pérez de DOCUMENTA AC, explicándole la situación, pidiéndole su intervención, accediendo amablemente.
Hasta ahí llegó mi acción.
Juanita y su madre, ya contaban con acompañamiento por parte de integrantes de asociaciones de la sociedad civil organizada de la localidad.
El lunes 4 de octubre del año corriente, la Secretaría de Gobernación lanzó un en vivo por redes sociales.
Era el evento denominado PRIMER ACTO DE RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
El Estado México reconoció haber violado derechos humanos de Arturo Medina Vela una persona con discapacidad psicosocial e intelectual.
Le negó acceso a la justicia en 2011 al ser detenido por robo de un auto (delito que no cometió) y privado de su libertad en el Centro Varonil de Readaptación Psicosocial (CEVAREPSI) como medida de seguridad.
El acompañamiento de Arturo también estuvo a cargo de DOCUMENTA AC, llevando el caso, a una resolución histórica en cuanto al derecho internacional: México necesitaba reconocer su gravísimo error y ofrecer disculpa pública por las violaciones a derechos en los que incurrió el Juez Noveno Penal en el Distrito Federal (hoy CDMX) y todo el sistema judicial mexicano de acuerdo a la recomendación del comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Días previos a la época decembrina de ese 2018, Juanita regresó a casa (ver columna 24/dic/18);
https://www.milenio.com/opinion/veronica-rocha/mundo-inclusivo/sociedad-civil-al-rescate
Arturo lo hizo cuatro años después.
Las y los que integran el poder judicial insisten en repetir su actuar, DOCUMENTA haciendo historia con su acompañamiento, asesoría y aplicando todos los recursos internacionales para evitar más atropellos de los impartidores de justicia en nuestro país.
PrimeroPersona.
Autismo.sanroberto@yahoo.com.mx
