El 19 de julio de 2017 entrará en vigor en el país la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual prevé que la legislación de las materias federal y local deberá armonizarse siguiendo los principios y las obligaciones que rigen las acciones del servidor público. En ésta se estipulan las responsabilidades administrativas, las obligaciones, las facultades de las autoridades competentes, las sanciones aplicables y los procedimientos por faltas administrativas graves y no graves, asimismo, determina los mecanismos para prevenir, corregir e investigar responsabilidades administrativas, y crea las bases para que todo ente público establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público que la Ley establece.
De esta Ley destacan las faltas administrativas no graves, como incumplir con las funciones, las atribuciones y las comisiones encomendadas, y no presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, las cuales se sancionarán con amonestación, suspensión de uno a 30 días naturales del empleo, cargo o comisión; destitución e inhabilitación temporal de tres meses a un año, para desempeñar servicios públicos y participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
Respecto a las faltas administrativas graves como incurrir en cohecho, peculado, encubrimiento, desviar recursos públicos, utilizar información indebida o privilegiada, abuso de sus funciones, tráfico de influencias y actuar bajo conflicto de interés; el servidor público que cometa estos actos se sancionará con suspensión del empleo, cargo o comisión de 30 a 90 días naturales; destitución, sanción económica e inhabilitación temporal en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, de uno a 20 años.
La responsabilidad administrativa se exige a todos los servidores públicos por conductas que afecten la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia que deben observar en el desempeño de sus servicios, cargos o comisiones. Por lo anterior, es importante aplicar el principio de legalidad, mediante el cual, los servidores públicos sólo pueden realizar lo que la ley les faculta.
