Mientras el cambio climático altera los ciclos de lluvia y multiplica los periodos de sequía extrema, la política hídrica mexicana adopta una estrategia reactiva: obras de infraestructura que atienden crisis inmediatas, pero no abordan la vulnerabilidad estructural del país. Aunque el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, publicado esta semana en el Diario Oficial de la Federación, reconoce que la disponibilidad de agua en México está afectada por el cambio climático y plantea como uno de sus ejes la “mitigación del impacto ambiental y la adaptación al cambio climático”, mantiene como estrategia prioritaria la construcción de infraestructura hidráulica tradicional, como lo muestra la lista de proyectos prioritarios 2024-2030.
El caso de Monterrey ejemplifica esta paradoja. La crisis hídrica de 2022 evidenció los límites de una ciudad que creció sin una estrategia integral de gestión del agua. Monterrey depende de un conjunto limitado de fuentes superficiales –principalmente las presas El Cuchillo, Cerro Prieto y La Boca– y de acuíferos sobreexplotados. Frente al desabasto, la respuesta gubernamental se centró en acelerar proyectos como el acueducto El Cuchillo II, presentado como solución para garantizar el suministro a más de cinco millones de habitantes del Área Metropolitana. La otra gran obra de infraestructura hídrica es la presa León, antes llamada Libertad, que después de seis años de obras, alcanza sólo el 40% de su capacidad y está programada para operar en junio de este año.
El Gobierno estatal sostuvo que el nuevo acueducto duplicaría el suministro proveniente de la presa El Cuchillo y evitaría futuras crisis urbanas. Sin embargo, Monterrey sigue dependiendo de lluvias extraordinarias y de trasvases cada vez más inciertos. La construcción del acueducto no estuvo acompañada del financiamiento para la aplicación de políticas de reutilización, de reducción de fugas ni de protección de acuíferos, y tampoco resolvió los problemas de distribución y de cortes de agua en distintas zonas metropolitanas.
No obstante, el principal riesgo para el abastecimiento de agua de la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) no proviene sólo de la sequía, sino de la convergencia de al menos tres factores: el cambio climático, el crecimiento urbano-industrial y, ahora también, las obligaciones internacionales de México bajo el Tratado de Aguas de 1944 y sus mecanismos recientes de cumplimiento, particularmente los establecidos en las actas 325 y 331. Estas actas establecen mecanismos de “predictibilidad”, lo que agrega presiones para garantizar volúmenes anuales regulares hacia Estados Unidos, incluso en condiciones hidrológicas inciertas, incorporando a los ríos San Juan y Álamo, que originalmente no formaban parte de los llamados tributarios.
Para Monterrey, el riesgo es indirecto, pero estratégico. En escenarios de sequía severa y presión binacional, el Gobierno federal puede priorizar la redistribución de agua dentro de la cuenca, limitar su disponibilidad para nuevos usos o tomar agua de la presa El Cuchillo como ya lo ha hecho, a fin de cumplir con sus obligaciones internacionales.
En este sentido, el caso de Monterrey permite advertir que la seguridad hídrica no puede entenderse únicamente como un problema de expansión de infraestructura, sino como un desafío de gobernanza en un contexto de creciente variabilidad climática, presión urbana y restricciones institucionales. Más que ampliar la capacidad de conducción y de almacenamiento, el reto consiste en construir un marco de gestión capaz de reconocer los límites ecológicos del recurso y articular respuestas adaptativas, equitativas y sostenibles ante un escenario de incertidumbre estructural.
Ismael Aguilar-Benítez*
El Colegio de la Frontera Norte-Unidad Monterrey
* Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien escribe. No representa un posicionamiento de El Colegio de la Frontera Norte
