Sabrina Carpenter protestó porque un video oficial de la Casa Blanca usó su música sin permiso. “Juno” apareció como fondo de imágenes de agentes de ICE esposando inmigrantes. Algo similar ocurrió con “The Fate of Ophelia” de Taylor Swift (ella lo llevó por la vía legal) y podríamos seguir así todo el día.
Olivia Rodrigo, Kenny Loggins, Rihanna, Pharrell, Queen y R.E.M. llevan rato pidiendo que no los asocien con mensajes políticos, especialmente con estos. Eso no detiene a la Casa Blanca, que hace virales sus videos sin que la legalidad o el respeto a los derechos de autor asomen como factor disuasivo.
Mientras tanto, a cualquiera en TikTok o YouTube nos bajan un video por usar tres segundos de una canción, incluso si no lo monetizamos. Las reglas son claras, ¿no? Sin permiso, no hay música. El algoritmo bloquea, silencia o se queda con los ingresos. Así funciona para los mortales, no para la hierba mala de la política.
En esta discusión, sus aplaudidores los defienden diciendo que, como no monetizan, pueden musicalizar lo que quieran (pensar que ese gobierno no encuentra alguna forma de monetizar sus mensajes es irrisorio).
También apelan falsamente al concepto de "Uso justo" (Fair Use), un marco legal que permite el uso de material protegido bajo circunstancias específicas. No, no aplica aquí. Y aunque en actos en vivo —rallies políticos, por ejemplo— puede haber zonas grises, que no existen en videos transmitidos por televisión o redes.
Lo que vemos es apropiación disfrazada de descuido, usualmente a favor de lo que más rechazan los músicos que crearon la obra en primer lugar.
Pasará lo de siempre: con la querella es probable que el video desaparezca en horas o días. Pero el efecto ya quedó. Mientras los artistas no hagan equipo y encuentren cómo demandar a la presidencia más litigiosa de todos los tiempos, seguirá pasando.