El cine en México nunca ha estado lejos del poder. A veces ha sido su espejo y su crítico. Otras, su instrumento o su víctima. Por eso cada anuncio oficial sobre la industria despierta discusión y desconfianza.
El decreto publicado este lunes establece un crédito fiscal de hasta 30% contra el ISR, con tope de 40 millones de pesos por proyecto y con la condición de que al menos 70% del gasto se ejerza en nuestro país. En papel suena atractivo. ¿Funcionará?
La pregunta no es si México necesita estímulos para atraer producción. Claramente sí. El verdadero reto será el criterio: quién califica, bajo qué reglas y con qué transparencia. Ahí es donde históricamente se han roto las cosas.
Esto no es un gesto simbólico. Una filmación activa hoteles, transporte, oficios y turismo. Mientras México busca atraer rodajes, Los Ángeles enfrenta lo contrario: Hollywood compite para que sus propias producciones no se vayan a Vancouver o a otros estados con mejores incentivos.
El cine es industria y es política pública. Siempre lo ha sido. La diferencia está en si se usa como propaganda o para construir una maquinaria autosuficiente del arte.
Desconfiar es sano. Bloquear por postura partidista no lo es.
Si amamos el cine, queremos que funcione.
Tenemos que vigilarlo de cerca.
Pero queremos que funcione.
