La vida profesional me ha dado la oportunidad de estar presente en momentos históricos para nuestro país. Uno de ellos fue el 21 de agosto de 2008 cuando en Palacio Nacional, Alejandro Martí pronunció una de las frases más duras para la autoridad, con la legitimidad de quien ha perdido un hijo: “si no pueden renuncien”.
Se celebraba un Consejo Nacional de Seguridad, encabezado por el Presidente, su gabinete de seguridad y gobernadores, incluyendo al de la capital del país, donde ocurrió el secuestro del muy joven Fernando Martí, asesinado a pesar de que se pagó su rescate.
En el organismo máximo de seguridad en el país se le dio un lugar a quien no tendría más que reclamos. Se le abrió la puerta, no sólo a Palacio Nacional sino también un espacio en la mesa, al padre doliente. El Presidente no tenía temor a ser incomodado, no tuvo descalificaciones ni otros datos; lo abrazó.
En aquel momento, fue una frase que me dolió, porque veía un gobierno volcado en combatir al crimen, a personas que como yo, nos quedábamos sin vida personal enfrentando a un monstruo de mil cabezas. Eran tiempos en donde todos sacamos fuerzas de donde menos imaginábamos. La sentencia de “si no pueden renuncien”, me hizo reflexionar que si quienes estaban encargados del tema, “no podían” con su experiencia, conocimientos y trabajando en un esquema casi de esclavitud, ¿quiénes si podrían? El tiempo me dio la razón de que las intenciones no bastan para poder.
Fernando Martí fue secuestrado en un retén falso, cuando con apenas 14 años se dirigía a la secundaria. Su familia pagó una suma de 6 millones de dólares, y aún así, sus captores lo mataron.
En septiembre de 2009, la Policía Federal detuvo a Abel Silva Petriciolet, cabecilla del grupo de secuestradores, relacionados con al menos 22 plagios. Un gran número de inmuebles cateados, dos víctimas liberadas y una veintena de delincuentes detenidos. La investigación fue tan profesional y precisa que los dos cabecillas de la organización fueron sentenciados a más de 380 años de cárcel.
A decir de los delincuentes, el secuestro de Fernando Martí fue el primero. Desconozco si era total responsabilidad de la autoridad evitarlo, pero dudo que la renuncia de quienes se especializaron en combatir el secuestro, tras un caso de alto impacto hubiera servido de algo.
Mis respetos a don Alejandro, un hombre que el mismo año que perdió a su hijo, fundó ‘México SOS’, organismo conciliador entre autoridades (al menos locales y municipales) y la ciudadanía, para construir seguridad y comunidad.
¿Qué pasa cuando la política despide, encarcela y quiere bloquear laboral y políticamente a quienes sí pueden? No solo se combatió al secuestro, sino que se creó una escuela nacional de unidades especializadas de combate al secuestro para dotar de capacidades y conocimiento a gobiernos locales. Hoy, mucho de ello está desmantelado. ¿Quiénes son los que deberían renunciar?
