Desde su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum ha vinculado a Lorenzo Córdova con la presunta corrupción que precedió a la renuncia de Guadalupe Taddei al INE. Se trata de un caso de libro de texto de abuso del discurso gubernamental.
La Presidenta y los ciudadanos no hablan en condiciones de igualdad. Ella dispone de la “mañanera”, de recursos públicos y de autoridad para movilizar instituciones. Su palabra lleva el peso del Estado, que se amplifica cuando legisladores y dirigentes repiten la consigna. Córdova tiene voz y la ha usado, pero ninguna réplica compensa esa asimetría.
La libertad de expresión protege a los ciudadanos frente al poder. No es una licencia del gobierno para desacreditarlos. Cuando la Presidenta habla en ejercicio del cargo, su discurso queda sujeto a los deberes de la investidura. Invocar su derecho a opinar para eludirlos, equivale a reclamar los privilegios de la autoridad sin sus responsabilidades.
En un artículo reciente publicado en la revista Cuestiones Constitucionales y escrito junto con Valeria López-Vela, propusimos el principio de responsabilidad comunicativa. El discurso gubernamental exige veracidad, proporcionalidad e imparcialidad: verificar con diligencia lo que se afirma, comunicar para cumplir una función pública y no usar los medios del Estado para estigmatizar a quien disiente.
Se dirá que la Presidenta se limitó a recordar hechos y a pedir auditorías. Puede hacerlo: la gestión de un exfuncionario admite escrutinio. Lo que no puede es saltar del dato a la culpa. Que el Consejo General presidido por Córdova designara a Taddei en Sonora en 2014 es un hecho: un acto colegiado, nueve años anterior a su llegada a la presidencia del INE. Presentarlo como origen de la corrupción es una inferencia que, dicha desde la presidencia, opera como veredicto. Repetirla desde la tribuna y las redes del oficialismo no la vuelve verdad, pero multiplica el daño.
El asunto trasciende a las personas. Alcanza a quienes observan y se incomodan, pues criticar puede convertirlos en el siguiente blanco. Así, se produce un silencio equiparable a la censura, sin prohibir una sola palabra.
Más allá, también toca al INE, pieza central de nuestra democracia. Es probablemente la única institución verdaderamente ciudadana, hecha para contar votos y salvaguardar la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Minarle confianza y legitimidad es socavar nuestros valores políticos.
La salida existe: aplicar las reglas. Que la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República investiguen, cada una en su ámbito, con transparencia y respeto al debido proceso. Que la Presidenta ponga fin a las campañas de descrédito desde la tribuna oficial y rectifique las imputaciones infundadas. Y que se garantice la posibilidad de disentir como un valor central de la vida democrática.