Es tarde, al parecer, para corregir el rumbo que tomó la administración del gobierno de Oaxaca al divorciarse del pueblo y arremeter contra el cerro del Fortín, de acuerdo a un proyecto de interés personal de su secretario de Turismo y Desarrollo Económico. Pero no ha caído el telón para que la Comisión de los Derechos Humanos (CNDH) haga una recomendación al gobierno federal y detenga la construcción del estacionamiento para 600 vehículos.
Si ese estacionamiento es parte complementaria de una obra que ya no será realizada, el Centro Cultural de Convenciones, y si es cierto el aforismo jurídico de que la suerte de lo accesorio debe seguir la suerte de lo principal, ¿viene al caso construirlo, pese a sus demostradas y dañinas consecuencias al ambiente y a esa zona culturalmente protegida de nuestra ciudad capital?
En ese contexto, la consulta realizada por el organismo público local electoral de Oaxaca, para que la ciudadanía votara a favor o contra la realización de la obra en su conjunto, constituyó un ejercicio discriminatorio, parcial, sin sensibilidad social a una exigencia proveniente de la Constitución. Ello en razón de que debió realizarse mediante la convocatoria a todos los pueblos que integran las ocho regiones de Oaxaca y no limitarse únicamente a las ciudadanas y los ciudadanos inscritos en el listado nominal del municipio correspondiente a la capital estatal.
La fiesta de la Guelaguetza, "fiesta del regalo", es un acto cultural que involucra a todos los pueblos del estado y la omisión surgida en la realización de la consulta se traduce en la afectación al derecho a la consulta a las comunidades indígenas protegidas por el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La sede donde se realiza la Guelaguetza, desde una visión integral, va mucho más allá de la fiesta popular, tiene que ver con el propio desarrollo y manifestación de las comunidades indígenas, algo fundamental en una democracia con esas características. No entender eso por parte del gobierno en un territorio con más de 470 municipios indígenas, es una señal alarmante, pues se traduce en una imposición en la toma de decisiones.
El gobierno de Oaxaca no aprende la lección, ese proceder se suma a la actuación que tuvieron los poderes Ejecutivo y Legislativo estatal al diseñar la Ley de Sistemas Electorales Indígenas para el Estado de Oaxaca, que acaba de ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al haber afectado los principios de deliberación democrática y parlamentaria en el proceso legislativo. Lejos estamos de aprender sobre la necesaria inclusión indígena en nuestra democracia.
Hace poco tuve una grata sorpresa, al encontrarme con visitadores de la CNDH que me entrevistaron en relación al acoso y discriminación de que hemos sido objeto Francisco Toledo y su servidor en Oaxaca, por apoyar la suspensión de las obras en el Fortín.
Ambos pedimos que las medidas cautelares de protección se las otorguen al cerro del Fortín, herido por una ilegal estructura de acero para el mencionado estacionamiento. Si el ombudsman Luis Raúl González Pérez tiene, como una de sus prioridades, defender a los grupos en situación de vulnerabilidad, puede atender a quienes —como en el caso del Fortín— les han sido conculcados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, por ser integrantes de una comunidad indígena.
Dar aplicación real a los derechos humanos, de manera integral, consiste en cumplir con las ideas rectoras que llevaron a la reforma constitucional en esa materia, en 2011 y que, en esencia, ubican a los derechos humanos en el centro de toda actividad y política pública.
Todo esto se mira todavía como una lejana utopía, y más en un estado como Oaxaca, con un secretario de turismo que se distingue por el abuso de poder, que depreda especies en extinción o construye de manera ilegal para lucrar, sin que desde el propio Gobierno se atrevan a ponerle límites.
Es cierto que los derechos humanos nunca habían alcanzado el grado de reconocimiento formal que desde 2011 tienen en nuestro país. Pero los hechos ponen en evidencia la distancia entre la ley y su real aplicación. Impunidad, violencia e inseguridad hacen que lo dicho y escuchado sobre los derechos humanos termine en los linderos del discurso demagógico. La gente cree poco en nuestras instituciones y eso alimenta una noción débil de justicia.
La crisis del respeto a la ley y la efectividad de los sistemas de justicia es notoria incluso a escala internacional, pero en Oaxaca se alimenta de grandes, medianos y pequeños atropellos, como estigmatizar a quien disiente, limitar la libertad de expresión, no hacer la consulta indígena (por la que ya se metió otra queja), no hacer estudios de impacto ambiental, de lo que se dio vista a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa. La suma es larga, pero como dijo el ombudsman, investigaremos de manera 'integral' las posibles violaciones a los derechos humanos que se han dado por la construcción de este estacionamiento.
El reto de estos tiempos, uno de tantos, es tratar de revertir el desaliento social con la participación responsable de instituciones como la CNDH, cuya misión es colaborar en la formación de un verdadero estado de derecho de carácter humanista, con un enfoque integral de los derechos humanos donde todos estos derechos se defiendan, respeten y promuevan bajo el principio de igualdad y no discriminación.
¿Podemos los individuos colaborar y exigir una democracia genuina, sin corrupción ni impunidad, en la que el respeto a los derechos humanos sea el principal criterio de legitimidad?
Las medidas cautelares se las transferimos con enorme gusto a los indígenas en riesgo de ser despojados de sus tierras en Oaxaca y al cerro del Fortín, agredido todavía por una 'jaula' de acero para estacionamiento. Sabemos hoy que fue el presidente municipal de Oaxaca, quien dio la licencia de construcción sin que las autoridades estatales cumplieran con los requisitos. Esperemos que el fuerte y perdurable cerro proteste, reclame, tenga voz y sea escuchado.
Artista plástico
