Veo una imagen de la carretera 57, de San Luis Potosí a Querétaro: un tráiler totalmente atravesado, cerrando el paso. No se trata de una protesta de los transportistas. El conductor fue asesinado por resistirse a un asalto.
La escena es brutal no sólo por lo que muestra, sino por lo que revela. Una de las principales arterias económicas del país convertida, por momentos —como ocurre en muchos otros lugares—, en territorio sin control.
Esto no es nuevo ni es responsabilidad de un solo gobierno. La ausencia del Estado de derecho ha permeado en municipios y estados, en distintas regiones y bajo distintos gobiernos.
Hoy, esa percepción es generalizada. Pareciera que no hay reglas: ni en las carreteras ni en la actuación de las autoridades, ni mucho menos para contener la corrupción, la colusión o la extorsión.
Y cuando la sensación de desorden se instala, el escenario cambia. Se abre espacio para propuestas de mayor firmeza en seguridad. No es casual que modelos como el de El Salvador comiencen a verse, para algunos, como una alternativa ante el hartazgo.
Pero también es terreno fértil para la exigencia de resultados. La ciudadanía demanda casos emblemáticos, investigaciones sólidas y sanciones ejemplares que envíen un mensaje inequívoco de que la ley sí se aplica.
Sin consecuencias visibles, cualquier estrategia pierde credibilidad. El fondo del problema es el mismo: la debilidad del Estado de derecho.
Sin reglas claras y sin autoridad efectiva, no hay condiciones para la inversión, no hay certeza para quienes generan empleo ni para quienes producen y no hay tranquilidad para las familias.
Recuperar el orden no es una opción política, es una imperiosa necesidad que implica asumir responsabilidades en todos los niveles para hacer sentir la ley y ejercer su cumplimiento.
Porque al final, más allá de cifras o discursos, la principal demanda de la sociedad es la seguridad. No se puede vivir con miedo, con el temor de salir a trabajar y no saber si regresará uno con sus seres queridos.
Nos han robado la tranquilidad. Esa constante percepción de inseguridad, impunidad y desconfianza de las autoridades se tiene que revertir.
Porque esa —la tranquilidad que nos deben— es una deuda que México ya no puede seguir arrastrando.
