El sector indígena en Hidalgo tiene gran relevancia por su aporte cultural, social, económico y ambiental, aunado a que es uno de los estados con mayor población indígena en México. Pese a ello, las comunidades indígenas constituyen una parte fundamental de la identidad del estado; por ello, desempeñan un papel clave en la conservación de sus tradiciones y en la construcción de una participación real en la toma de decisiones y en programas de desarrollo que fortalezcan la inclusión y la equidad, mediante la promoción de sus derechos, oportunidades y valores, favoreciendo una integración más incluyente y sostenible.
Sus usos y costumbres constituyen un sistema normativo propio, cuyo impacto puede ser tanto positivo como negativo, dependiendo de cómo se ejerza y de su compatibilidad con los derechos humanos y el marco constitucional. En términos generales, la propuesta de iniciativa del Congreso del Estado sobre paridad de género en Hidalgo, su relación con las comunidades indígenas y los usos y costumbres no analiza el impacto en los pueblos indígenas ni reconoce plenamente su autonomía, libre determinación y formas tradicionales de elección de autoridades, así como el papel de la mujer indígena en el acceso a cargos públicos. Aunque, como siempre, la legislatura hidalguense ha analizado acciones afirmativas para los pueblos indígenas, pero en esta propuesta no se observa la participación de las comunidades indígenas en ninguna mesa de consulta para analizar cómo impulsar y respetar sus derechos dentro de las reglas electorales de 2027.
Al mismo tiempo, la legislación de Hidalgo reconoce la obligación de consultar a los pueblos indígenas y respetar sus sistemas normativos, siempre en concordancia con los derechos humanos y la Constitución. Sin embargo, persisten riesgos, como posibles violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, actos de discriminación hacia las mujeres, restricciones para que ellas ejerzan libremente su voto y conflictos con el sistema judicial nacional por las diferencias entre las normas comunitarias y la legislación hidalguense. Así, esta propuesta de iniciativa podría quedar sin efectos debido a los posibles litigios que enfrentaría.
