En México, la violencia ya no distingue cargos, investiduras ni escoltas. La reciente desaparición del alcalde de Taxco, quien salió por cuenta propia a buscar a su padre y terminó también privado de la libertad —aunque posteriormente ambos fueron rescatados—, no es un hecho aislado, sino un síntoma brutal de la fragilidad del Estado. Lo que debería ser una historia excepcional se ha vuelto parte de una normalidad inquietante: autoridades que no pueden proteger ni siquiera a los suyos.
Porque si quienes gobiernan —alcaldes, regidores, candidatos— son blanco directo del crimen, la pregunta es inevitable: ¿qué le queda al ciudadano común? La narrativa oficial insiste en que los índices de inseguridad disminuyen, pero los hechos cuentan otra historia, una donde el poder político local se ha convertido en territorio de riesgo permanente.
Las cifras son contundentes. Tan solo en 2025, al menos 56 actores políticos fueron asesinados en México, de acuerdo con organizaciones civiles. Y si se observa con lupa, el fenómeno es aún más alarmante: durante el primer trimestre de ese mismo año se registraron cerca de 50 homicidios políticos, muchos de ellos en el ámbito municipal. No se trata de casos aislados, sino de una tendencia sostenida.
El nivel más vulnerable del poder es también el más golpeado. En 2025, al menos siete alcaldes fueron asesinados, lo que confirma que el crimen organizado tiene como objetivo capturar o desestabilizar gobiernos locales. No es casualidad: los municipios controlan policías, presupuestos y territorios estratégicos. Son, en muchos sentidos, la puerta de entrada al poder real.
Pero más allá de los números, hay un mensaje implícito en cada atentado: el Estado no tiene el control absoluto. Cada alcalde asesinado o desaparecido es también una señal de advertencia para quienes buscan ejercer el poder sin someterse a intereses criminales. Es una forma de disciplinamiento violento que erosiona la democracia desde sus cimientos más básicos.
Lo más preocupante es que esta violencia no ocurre en la clandestinidad, sino a plena luz del día: en actos públicos, carreteras, domicilios oficiales. La impunidad, en muchos casos, es casi inmediata. Y eso genera un efecto dominó: menos perfiles dispuestos a participar en política, más espacios vacíos que pueden ser ocupados por quienes sí están dispuestos a pactar con el crimen.
Mientras tanto, el discurso gubernamental insiste en matices estadísticos y reducciones porcentuales. Pero la percepción social —y los hechos— apuntan en dirección contraria. México vive una crisis donde no solo desaparecen ciudadanos, sino también la confianza en las instituciones encargadas de protegerlos.
Si el Estado no puede garantizar la seguridad de sus propios representantes, la promesa de protección para el ciudadano común se vuelve frágil, casi simbólica. Y ahí radica el verdadero riesgo: no solo la violencia en sí, sino la normalización de un país donde gobernar —y simplemente vivir— puede costar la vida.
