Vaya situación en la que está Jalisco en materia de derechos como el acceso a la información pública, cimiento indispensable para la transparencia, y protección de datos personales.
Ciudadanas y ciudadanos integrantes del colectivo “Compromiso Jalisco. Por el derecho de acceso a la información” recurrieron ante la justicia federal promoviendo un amparo por “omisión legislativa” del Congreso del Estado al incumplir el plazo fijado de 90 días en la reforma a la Constitución local (16 de octubre de 2025) para legislar en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales. El plazo venció en febrero pasado. Y no se ve para cuándo el Congreso de Jalisco cumpla.
La trascendencia de la promoción de un amparo de esta naturaleza pone y muestra a Jalisco en un escaparate no visto en su historia legislativa. En el ámbito federal no es nuevo para el Congreso de la Unión. La organización no gubernamental “Artículo 19” fijó un precedente clave en 2014 (Amparo 940/2014) por omisión legislativa, por no expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del Artículo 134 de la Constitución federal en materia de gasto en comunicación social con eficiencia, transparencia, etc.
Otros amparos, pocos, por “omisión legislativa” se han promovido en el ámbito federal (604/2017, 1363/2017 y 651/2022) en contra del Congreso de la Unión, y uno contra el Congreso local de Yucatán (413/2020), por citar los más referenciados en estudios.
Ahora, Jalisco se inscribe en la ruta de “omisión legislativa”. Esto es no descartable para que en otras entidades proceda lo mismo, como en la Ciudad de México, Nuevo León y Chihuahua. Por citar algunas entidades que han llevado el nuevo modelo de acceso a la información y protección de datos personales al cajón del olvido.
Pero para Jalisco, estar en una situación de no garantía de estos derechos, fundamentales para la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, es una afrenta mayúscula si tomamos como referencia su historia de los pasados 25 años, cuando se constituyó como referente nacional.
La indolencia legislativa tiene y tendrá efectos (los más graves están en conculcar derechos fundamentales). A excepción de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público que preside el diputado Alejandro Barragán Sánchez, quien ha hecho lo que en sus facultades y atribuciones están a su alcance, dictaminando iniciativas en estas materias.
Mientras tengamos poderes legislativos que realizan y ejercen sus funciones sustantivas como “apagafuegos”, oportunistas políticos de coyuntura, dependientes sobre agendas particulares o de grupos de interés, de “selfies” (porque sólo se observan, atienden y reconocen a sí mismos), continuarán ensanchando la lejanía frente a quienes aseguran representar: al pueblo y sociedad de Jalisco.
Por lo pronto, bajo tu amparo nos acogemos al Poder Judicial de la Federación, para que el Poder Legislativo de Jalisco cumpla, haga lo que debe y tiene que hacer.
