Los demonios político-electorales están ansiosos y la exigencia de un exorcismo apremia. El tiempo está encima. 20 días le restan al Congreso de la Unión y los 32 congresos locales para sacar un ajuste de reforma constitucional para la renovación mediante voto popular del Poder Judicial Federal faltante y el de Jalisco en su totalidad, de manera concurrente el primer domingo de junio de 2027, cuando se renovarán en el país 17 gubernaturas, sus respectivos congresos locales y más de mil ayuntamientos.
Por tiempos, para que una reforma político-electoral sea aplicable en el proceso que arrancará en septiembre próximo a nivel federal, y por lo que toca al Poder Judicial en las entidades, deberá convocarse a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión en los siguientes días, y así contar con el tiempo necesario con el que los Congresos locales den su voto favorable a una modificación constitucional federal, y las entidades hagan los ajustes necesarios en lo local.
De no suceder lo anterior, no habrá exorcismo para espantar a los demonios.
Las elecciones federales extraordinarias para el cambio de integración estructural del Poder Judicial de la Federación en 2025 fueron experimentales y mostraron deficiencias desde su estructuración legal e impactos administrativos. Qué no decir de la calidad de candidaturas electas para cargos que por su naturaleza exigen un perfil diametralmente opuesto a representantes populares-legisladores y gobernantes.
Los órganos electorales, responsables de la conducción de procesos electorales, fueron conducidos, con recortes presupuestales, a un trabajo doble y paralelo a lo ordinario.
Jalisco, optó desde la reforma constitucional federal a un rechazo, y postergó armonizar su marco jurídico. ¿A la espera de qué? ¿A mantener el esquema de control y reparto de puestos del Poder Judicial local?
El proceso electivo del Poder Judicial se diseñó y aplicó desde y para los de arriba, usando al electorado para que participara eligiendo a ciegas y, aún más, llevaron a las estructuras institucionales electorales, con su personal (INE, organismos electorales locales, tribunales electorales), a un estiramiento tal que los puso al límite de crisis.
2027, sin ajustes como corregir y diferir la renovación de integración estructural del Poder Judicial, con elecciones concurrentes federales (renovación de la Cámara de Diputados y lo que falta de magistraturas y personas juzgadoras), el escenario es de mírame y no me toques en el país con elección de gubernaturas, congresos locales, ayuntamientos, así como magistraturas y personas juzgadoras locales. Jalisco, una de ellas.
Esto es sólo en lo operativo. Las consecuencias de un desastre en estas condiciones serían inimaginables en lo social. Es el acceso y la preservación del poder público en juego.
