A cada uno de los ex presidentes hay que endilgarle un delito o por lo menos algo lo suficientemente morrocotudo como para merecer juicios y condenas. O sea, que no es cosa de repartir colectivamente culpabilidades generales –digamos, acusarlos a los cinco (se salva, miren ustedes, un sexto sospechoso que vendría siendo, con perdón, el más siniestro de todos en su antigua condición de ejecutor de estudiantes) de corrupción— sino que al satanizado Salinas le toca el estigma de haber privatizado los “bienes de la nación y del pueblo”, Zedillo carga con el pecado de rescatar al sistema financiero durante una pavorosa crisis económica, la infracción de Fox es haberse entrometido en las elecciones de 2006, la abominación de Calderón tiene que ver con su decisión de combatir a las mafias criminales y, finalmente, a Enrique Peña sí que le cae como anillo al dedo lo de ser un corrupto de marca mayor.
En lo que respecta a procesar a sus antecesores, la ambigüedad del actual jefe del Estado mexicano parece tan calculada como ficticia: se la pasó años enteros denunciando y denostando a los que ocupaban el más alto cargo de la nación pero a la hora de llegar al poder comenzó a navegar en modo magnánimo, por así decirlo, y se trasmutó en gran perdonador: declaró que no votaría a favor de perseguir al quinteto de malhechores “porque tenemos que ver hacia adelante” y apostilló, de pasada, que no es un hombre rencoroso ni vengativo.
El asunto, sin embargo, no podía quedarse empantanado en tan anticlimático desenlace porque el pueblo bueno, según parece, sí está genuinamente enrabietado con los autores intelectuales de sus infortunios. Y, por si fuera poco, el discurso que brota cada mañana en el palacio presidencial se dirige precisamente a alimentar el repudio al pasado y a atizar aún más los rencores de siempre: ser “conservador” no es delito (todavía) pero el calificativo se conecta directamente con los más aborrecibles personajes de la historia patria: se lo endosas entonces a los opositores del presente y les llueve encima un desprestigio que ni te cuento (más actualizado está el término “neoliberal” aplicado a quienes se adhirieron traicioneramente al llamado “Consenso de Washington” aunque es igualmente insultante y denigratorio).
Así las cosas, el Presidente de la República renunció públicamente a una facultad que no le correspondía –es el jefe del Poder Ejecutivo y no son suyas las atribuciones con las que sí cuenta el Poder Judicial para iniciar procesos y perseguir delitos (de oficio, por mandato constitucional, sin necesidad de consultárselo a nadie)— pero se las apañó para que el pueblo de México se erija en supremo juez de ocasión para cazar a los anteriores gobernantes. Se ha montado así un referéndum… que no es otra cosa que una farsa esperpéntica. ¡Uf!
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