Este país nunca se ha distinguido por contar con un servicio público eficiente. Entre otras cosas, la diligencia personal de un trámite suele ser una experiencia desagradable en la que el ciudadano enfrenta indiferencia, en el mejor de los casos, cuando no un trato declaradamente grosero y, sobre todo, teñida esta vivencia de un desenlace que puede tardar semanas enteras o, de plano, meses completos de nuestro calendario gregoriano, por no hablar de la simple administración estatal de los recursos, de la implementación de proyectos y de la atención que merecen acaecimientos como las inundaciones que sobrellevan ahora varias entidades de nuestro vapuleado territorio nacional.
Los propios trabajadores del sector gubernamental tampoco disfrutan de las mejores condiciones laborales y el mero cumplimiento de su encomienda se les dificulta, muchas veces, por la misma inoperatividad de un sistema mal diseñado o, más bien, expresamente concebido para dificultarle las cosas a los usuarios y, de tal manera, dejar bien asentado que papá Estado es aquí amo y señor.
La soberanía de las personas es la última de las prioridades públicas en México, el sometimiento a la maquinaria oficial es de rigor y, sobre todo, la realización de gestiones necesita ser aceitada con la consabida gratificación porque los señores encargados de agilizar o congelar a su arbitrio las diligencias para eso están, para validar un viejo apotegma: “No me des, ponme donde hay”.
Y sí, en muchísimos casos el propósito de estos gestores no es la observancia de la misión que les ha sido confiada como servidores públicos –empleados, en los hechos, de los contribuyentes que solventan su salario— sino el descarado provecho que le sacan a la circunstancia de tener detrás al formidable aparato gubernamental. Extorsión pura y dura, señoras y señores, y tan privativa de nuestra cultura que hemos acuñado un término de uso universal en el mundo hispanohablante, la “mordida”.
En estos momentos va a peor el asunto: doña Administración, desmantelada como si nos gobernaran los más despiadados neoliberales, lleva muy mal la cosa pública y hasta en el temible SAT hay paros de labores.
¿Medicamentos, cirugías, consultas, carreteras bien pavimentadas, energía eléctrica suficiente, gasolina barata, educación de calidad, seguridad y certezas jurídicas? Nada de esto. Pero estamos muy contentos...
