El pueblo soberano elige a sus gobernantes y ejerce así las facultades que le son garantizadas gracias a la democracia. Y, en efecto, el señor Pedro Castillo ganó las elecciones en Perú. No arrasó, ni mucho menos: en la segunda vuelta (un sistema, por cierto, que tendríamos que instaurar en México para que la opción final se reduzca a dos candidatos; los resultados no se verían entonces afectados por la fragmentación del voto que provoca la participación de los partidos pequeños; ahí tendríamos una verdadera reforma política, eso sí que sería una “transformación”) obtuvo una ventaja de menos de 50 mil sufragios frente a Keiko Fujimori.
Como los comicios se ganan por un voto de diferencia –esto es, cuando se celebran en países respetuosos de la institucionalidad— el triunfo del candidato de la organización política ‘Perú Libre’ fue validado por las autoridades electorales.
Hasta ahí las cosas, en lo que toca a reconocer la voluntad ciudadana. El tema, miren ustedes, es que los ganadores no reciben un cheque en blanco para hacer lo que les venga en gana. Por el contrario, están sujetos al escrutinio de los otros Poderes del Estado, a saber, el Legislativo y el Judicial.
Justamente por eso, porque hay equilibrios y porque existe la obligación de rendir cuentas, es que las facultades de los jefes del Ejecutivo están muy saludablemente acotadas en los regímenes democráticos. Y también por ello es que a ciertos personajes con vocación de caudillos autocráticos no les gusta nada que esa sólida estructura institucional se les atraviese en el camino: su ansiado propósito es instaurar el gobierno de un solo hombre, no tener delante a unos parlamentarios que supervisen actuaciones o que cuestionen abiertamente las medidas dispuestas, por no hablar del supremo juramento de acatar a la letra lo que dispone la Carta Magna.
Lo que acabamos de ver en el Perú es precisamente eso: la respuesta del aparato público a los designios de un sujeto que, al verse investigado por el Congreso para aclarar unas historias de corrupción y otros asuntos, no tuvo mejor ocurrencia que disolver el Poder Legislativo, disponer un toque de queda, instaurar un Gobierno “de emergencia” y proponer que se cambie la Constitución.
Pues no. Los peruanos votaron por él pero no lo eligieron para que se erigiera en amo y señor todopoderoso. Tan sencillo como eso...
Román Revueltas Retes
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