La rendición de cuentas es un complejo proceso que implica tiempo, recursos y esfuerzo, y es una obligación legal y ética que se adquiere al momento de utilizar recursos públicos federales, estatales o municipales.
James Madison señaló en el siglo XVI que “si los hombres fueran ángeles, ningún gobierno sería necesario”, pero como ni gobernantes ni ciudadanos ni hombres ni mujeres somos ángeles, es necesario contar con leyes, organismos y mecanismos que promuevan el comportamiento, si no angelical, sí honesto y legal del servidor y de las instituciones.
Es claro que ante la ausencia de mecanismos de control, la tendencia natural sería la de utilizar los recursos de manera discrecional de acuerdo con los dictados de la propia conciencia, que muchas veces pueden ser honestos, como ángeles, pero en otras deshonestos, como demonios.
Sin menoscabo de la importancia de los principios y valores, la rendición de cuentas obligatoria reduce la arbitrariedad y promueve la utilización eficiente, eficaz, honesta y legal de los recursos públicos y es una de las más grandes aportaciones de las democracias modernas.
En ese sentido se relaciona con el equilibrio de poderes y la participación de la sociedad para la aplicación imparcial y confiable de los mecanismos de fiscalización, la operación de los órganos de transparencia y la determinación, en su caso, de responsabilidades para los funcionarios.
En México la rendición de cuentas tiene sus orígenes en 1824 con la creación constitucional de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, que se ha fortalecido a lo largo de su historia hasta contar, como Auditoría Superior de la Federación, con amplias facultades de fiscalización sobre cualquier entidad, organismo, institución o fideicomiso que gestione, utilice y administre recursos públicos federales; fondos que son de la sociedad mexicana.
En este contexto, las instituciones públicas de educación superior, incluidas las autónomas, están obligadas a rendir cuentas sobre la utilización de los recursos públicos de acuerdo al artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción.
De esta manera, las instituciones públicas de educación superior informan y son fiscalizadas por la sociedad y los órganos de control correspondientes con procedimientos, equipo, personal y metodologías altamente especializadas.
Además esta práctica es promovida permanentemente por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, entre sus más de 195 agremiados, para que realicen la rendición de cuentas en tiempo y forma y utilicen de manera eficiente, eficaz, legal y transparente sus recursos financieros, humanos y materiales.
Ahora bien, tan importante es la rendición de cuentas de las universidades públicas sobre su gestión financiera como la que realizan sobre el cumplimiento de sus funciones sustantivas, como lo son la docencia, la investigación pertinente de impacto social, la difusión y divulgación del conocimiento y la cultura y la realización del servicio social.
En otro orden de ideas, es importante reconocer que en México hay asignaturas pendientes, como la productividad, la competitividad y el combate a la corrupción, que afectan a todos los niveles de gobierno y a una gran mayoría de las instituciones públicas y privadas del país porque son problemas multifactoriales de profundas raíces políticas, económicas, sociales y culturales.
Las instituciones de educación superior en el país no escapan a esta problemática; no son perfectas y cuentan con muchas áreas de oportunidad. Sin duda, no están dirigidas por ángeles, pero tampoco por demonios.
Por ello rinden cuentas, mejoran sus procesos de gestión y se sujetan a las acciones legales preventivas y correctivas a que haya lugar.
Por más de cuatro décadas, después de las manifestaciones sociales y estudiantiles que convulsionaron a nuestro país y a buena parte del mundo, y ante múltiples restricciones financieras, la gran mayoría de las universidades públicas de México opera en un ambiente de estabilidad, respeto, libertad de pensamiento y calidad académica.
Gracias a la unidad en torno a una visión de largo plazo y a un trabajo constante, se han ganado la confianza de la población, que se refleja en una matrícula creciente, en la vinculación con los sectores público y privado y en las valiosas aportaciones de millones de egresados al desarrollo económico y social del país.
En ese sentido, el desarrollo de México está estrechamente ligado a la educación superior, a la ciencia y a la tecnología.
La obligación del Poder Ejecutivo de un gobierno democrático, comprometido con la división de poderes, es impulsar la transformación del país fortaleciendo y acrecentando el valioso capital que representa una educación superior integral de calidad.
Una educación que debe ser la columna vertebral de la transformación de México y que abre las puertas a la movilidad social, a la justicia y al bienestar fraternal de la sociedad.
*Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León
