A nivel federal parece insistirse en la cantidad como criterio de legitimidad. Lo vemos lo mismo al interior del Congreso de la Unión, donde las representaciones parlamentarias se enfrascan en dimes y diretes que habrán de traducirse en sumas y restas de aquellos votos necesarios para sacar adelante por lo menos aquellos contenidos de la iniciativa presidencial de reformas en materia político-electoral que no requieran de mayoría calificada; como también la cantidad es palpable en el tamaño del empecinamiento presidencial por mostrar músculo político, convocando a otra marcha más numerosa a la que fue convocada en defensa del sistema electoral el pasado 13 de noviembre.
Aunque necesaria, la cantidad como criterio de legitimidad resulta insuficiente. El actual ejercicio gubernamental federal constituye el mejor ejemplo de ello: los más de 30 millones de votos obtenidos en las urnas por el entonces candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, francamente hoy palidecen frente al cúmulo de cuestionamientos que pesan sobre no pocas de sus pretensiones, decisiones y acciones de gobierno.
La creciente complejidad de los asuntos públicos contemporáneos ha catapultado a la calidad gubernativa como el principal criterio diferenciador de un buen proceso de gobierno de otro que no lo es. Durante los próximos 24 y 25 de noviembre el Colegio de Jalisco será sede del XII Congreso Internacional de la Red de Investigación en Gobiernos Locales Mexicanos, A.C. (Mayor información en www.coljal.mx), ocasión que será propicia para insistir en que la efectividad de los gobiernos locales requiere y demanda de cambios cualitativos en su desempeño que van más allá del número de regidores que conforman a un gobierno municipal, que es uno de los aspectos que se pretende normar a partir de la iniciativa presidencial de reforma político-electoral ya referida.
La efectividad de los gobiernos locales pasa por su indispensable fortalecimiento institucional, que tiene que ver lo mismo con el buen manejo de su hacienda pública y la profesionalización de los cargos directivos, que su actualización normativa y mejora de sus procedimientos de atención a los ciudadanos.
Roberto Arias
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