Cuando el nuevo partido de Estado ha querido deshacerse de alguna institución incómoda, sale con una de dos sopas para justificar la destrucción: es muy cara o es muy corrupta. El bulo debía ser ya evidente, sobre todo viniendo de un gobierno que está entre los más puercos y onerosos de nuestra historia.
Pero la joya de la corona, la que apuestan los atornillará en el poder por muchos sexenios más, es la reforma electoral. No importa si lograr un INE independiente nos costó a los mexicanos años de sangre, sudor y lágrimas. Tampoco que funcionó más que eficientemente desde su fundación. Menos el que su presupuesto, que fue de 15 mil millones de pesos para 2025, sea más que razonable para los servicios que nos otorga, sobre todo si consideramos que el Tren Maya se chupa más de 30 mil millones al año a cambio de nada. Porque la intención final es que las elecciones, las que permiten que la voluntad de las mayorías en México cristalicen en la designación de nuestros funcionarios públicos, ya no sean organizadas por el siempre mentado pueblo, sino controladas por el gobierno. Pablo Gómez, hasta hace poco encargado de perseguir a los enemigos de Palacio y hoy arquitecto de la propuesta, dijo recientemente que el concepto de autonomía no es el correcto para un órgano administrativo del Estado. Lo que quede del INE, pues, ya no será independiente ni conducido por y para los ciudadanos, sino un apéndice del Estado benefactor y de su tlatoani, uno que sabe mejor que nosotros mismos lo que nos conviene.
Esa película ya la vimos. México celebraba elecciones y tenía partidos y candidatos de oposición, pero en realidad en el país solo había un elector, un rector, y todo lo demás era pantomima. El Estado de Derecho era inexistente y se torturaba, encarcelaba y desaparecía a disidentes, pero los solovinos eran mantenidos en una pobreza relativamente sostenible donde, encima, se les conminaba a agradecerle al todopoderoso presidente los ocasionales subsidios a cambio del voto, y los ricos, que calladitos se veían más bonitos, siempre podían comprarse un gobernador o un secretario para hacer su soberana voluntad.
Es triste pensar en que, apenas 25 años después de habernos sacudido esa yunta, esta regresó con todo y bueyes. Así, la comisión presidencial creada para redactar la iniciativa de reforma, compuesta por leales morenistas, va a hacer como que escucha a otros ponentes, a otros partidos y a otros expertos, pero todos sabemos que el objetivo es y siempre será hacer la voluntad de Palacio: bajar el financiamiento público de los partidos, recortar el número de plurinominales y eliminar el fuero, y no para abaratar el proceso ni para hacerlo más democrático, sino para empinarle la rampa a la oposición, si algún día llegara a haberla. Lo único que los atora son sus partidos satélites, el PT y el Verde, a los cuales aún necesita para hacer reformas de tamaño constitucional, pero que temen perder presupuesto y alcance ante la aplanadora en que Morena planea convertirse. Si estos ceden a cambio de una u otra gubernatura o senaduría, espero que les aproveche: va a ser de las últimas que van a ganar.
