Sumario: Este gobierno “humanista” decidió levantar un nuevo censo para bajar las cifras obscenas
El domingo pasado, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora fue advertido por una llamada anónima de un predio al sur de Hermosillo, que podría albergar una fosa común. Es decir, que podría albergar los restos de alguno de sus hijos. Al llegar fueron recibidas a balazos. Los protocolos de seguridad indican que en esas excursiones las madres deben ser escoltadas por policías, y solo gracias a ellos lograron salir ilesas de la emboscada.
Ese mismo día, el gobernador de Sonora y antes secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, se encontraba en Ciudad de México para aplaudir la fantochada esa de la entrega del bastón de mando. A imitación de su mentor López Obrador, EsClaudia nunca ha querido recibir a las buscadoras, mientras que la semana pasada Xóchitl Gálvez, cuando celebró ser declarada candidata de la Alianza por México, subió al podio a Ceci Flores, la fundadora y líder del colectivo sonorense. Flores contestó a las críticas de los moralmente superiores diciendo que estuvo allí porque Gálvez la invitó, mientras que Sheinbaum no.
No es la primera vez que estas mujeres son atacadas por el crimen organizado. En junio, el agente ministerial de la fiscalía sonorense, Octavio Ayala Lugo, fue acribillado cuando salía a su trabajo días después de defender a unas buscadoras de las balas del narco frente a una casa de seguridad. Y no solo en Sonora: Teresa Magueyal, del colectivo guanajuatense Una Promesa por Cumplir, fue asesinada en mayo. Rosario Rodríguez Barraza fue abatida en Sinaloa en agosto de 2022 buscando a su esposo; Esmeralda Gallardo, de Voces de los Desaparecidos en Puebla, lo fue en octubre de 2022 mientras buscaba a su hija, y Carmela Velásquez, del grupo Personas Desaparecidas de Pénjamo, Guanajuato, fue ultimada a las puertas de su casa el siguiente noviembre buscando a su hijo. Igual que en 2021 murieron la sonorense Aranza Ramos y el zacatecano Nicanor Araiza, y en 2020, en Guanajuato, María del Rosario Zavala, y en Michoacán, en 2019, Zenaida Pulido.
¿Cuál es la respuesta oficial ante una crisis que ya rebasa las 100 mil almas sin cuerpos para que sus deudos les lloren? No vayan a creer que es garantizar una fiscalía especial eficiente, empática, o de perdida unas mínimas condiciones de seguridad para que las madres hagan el trabajo que le corresponde al Estado, no. Este gobierno humanista, ante las elecciones que vienen, ha decidido que su prioridad es levantar un nuevo censo para bajar las cifras obscenas arrojadas por su incapacidad a cuando mucho 70 mil desaparecidos. Para tal fin los siervos de López Obrador emboscan a los familiares en su domicilio, les toman fotos y les exigen identificaciones a bocajarro. En protesta, la directora de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, renunció este pasado 23 de agosto.
Es cierto que no es la primera vez que el crimen organizado atenta contra la vida de las madres buscadoras. Pero no deja de ser preocupante la emboscada franca justo después de que una de sus líderes más vocales acompañara a la candidata de oposición que más le quita el sueño a López Obrador.
