El objetivo no es lograr la aprobación de la reforma eléctrica, sino que ésta sirva como bandera de campaña en la consulta de revocación de mandato. Nadie lo dice mejor que el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas: “la votación… demostrará quiénes son auténticos representantes populares y aquellos que están al servicio de los intereses económicos… Es hora de definirse”.
Se mira cuesta arriba que esta iniciativa del Presidente obtenga los votos necesarios. Sin las oposiciones, Morena, por sí misma, no lograría sacarla adelante. El Partido Revolucionario institucional ha dicho ya que, sin modificaciones, votará contra la iniciativa. Lo mismo que Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática.
No alcanza el endoso del Partido del Trabajo y el Verde a la iniciativa morenista para construir una mayoría de dos tercios en la Cámara baja y tampoco para conseguirla en el Senado de la República.
Así las cosas, la decisión de someter a votación esta iniciativa, sabiendo que está destinada al fracaso, tendría que entenderse desde otra lógica, es decir, desde el razonamiento expuesto por el vocero Ramírez: “es hora de definirse” sobre quien está del lado correcto de la historia.
Esa definición, justo a dos semanas de la jornada para la revocación de mandato, únicamente puede entenderse como un argumento de campaña: “ganar perdiendo”, dirán dentro del partido del presidente.
La derrota de la iniciativa terminaría sirviendo para cohesionar a la base política de Andrés Manuel López Obrador, de cara a un ejercicio en el que el mandatario necesita que participe el mayor número de personas y que lo hagan a favor de su ratificación.
Recién se publicó en la Gaceta de la Cámara de Diputados una convocatoria para las comisiones de Puntos Constitucionales y Energía, quienes reunidas el próximo lunes pretenden aprobar, sin modificación, el dictamen original de reforma eléctrica para luego llevarla al pleno de San Lázaro, donde se buscaría desahogar las reservas de la oposición.
Se trata de lo que coloquialmente se denomina como un “albazo”. Es decir, aprovechar la mayoría del partido oficial para controlar el proceso de discusión y aprobación de tal manera que los planteamientos opositores sean derrotados.
Sorprendió mucho esta decisión porque el camino elegido tira a la basura los ejercicios de consulta ciudadana que se llevaron para mejorar la iniciativa originalmente elaborada por la Comisión Federal de Electricidad.
También desestima los argumentos que el gobierno de Estados Unidos ha hecho respecto de los conflictos que esta iniciativa, tal cual está, podría traer para la relación bilateral, así como para la sociedad comercial sostenida con Canadá.
A lo anterior se suma la fractura que esta forma de proceder provocaría entre el sector privado y el gobierno de México. La llegada reciente de Francisco Cervantes a la cabeza del Consejo Coordinador Empresarial trajo esperanza sobre la posibilidad de cambiar los términos de la conversación de tal manera que fuesen más productivos para ambos.
Sin embargo, “el albazo” dejará en circunstancia de gran debilidad al nuevo liderazgo empresarial. Si ni el presidente ni su partido están dispuestos a escuchar los argumentos de quienes necesitan energía eléctrica en cantidades masivas, ¿en qué otros temas tratarán con respeto a las y los empresarios?
De manera falaz y también peligrosa, el discurso político de la autodenominada Cuarta Transformación coloca de un lado a los supuestos “auténticos” representantes populares y del otro a aquellos que están al servicio de los intereses económicos. En vez de esto, la política habría de servir para acompasarlos, para ubicarlos en una misma dirección, para reconciliar objetivos.
Pero lamentablemente la discusión es cada día más ideológica, pero sobre todo cada vez más electoral. Es la revocación de mandato lo único relevante y todo lo demás pasa a segundo plano.
Cabe en este contexto destacar el mensaje enviado al gobierno de México por la embajadora estadunidense de ascendencia china, Katherine Tai, quien ocupa el cargo de representante de Comercio de Estados Unidos dentro del gabinete de Joe Biden.
Posterior al anuncio realizado en la Gaceta Parlamentaria, esta funcionaria declaró sin ninguna ambigüedad que “las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador han llevado a un deterioro de las políticas energéticas de México incluyendo daños al medio ambiente al buscar un mayor control estatal y limitar la competencia”.
En esta misma hebra de desencuentros habría de ubicarse el discurso del presidente mexicano respecto del respeto que el embajador estadunidense, Ken Salazar, había solicitado a propósito de los intereses protegidos por contratos firmados previamente con empresas extranjeras.
Cuando un reportero comentó que el senador Ricardo Monreal Ávila compartía la misma opinión que el embajador Salazar, López Obrador acusó al legislador de estar desinformado “ya que no hay pérdidas, al contrario, gana el pueblo de México, y cualquier senador… debería estar pensando en lo que le conviene al pueblo”.
Esta última declaración ayuda a precisar el verdadero objetivo de llevar la iniciativa de reforma eléctrica a que sea discutida en el pleno sin modificaciones. El presidente quiere definiciones, de los de afuera, pero sobre todo de los de adentro.
No se ve un escenario real donde la iniciativa de reforma energética prospere sin el acuerdo de las oposiciones. ¿Por qué entonces violentar con el albazo su aprobación? La respuesta es simple: no se le quiere aprobar, sino usarla para confrontar y, de cara a la revocación, para movilizar millones de personas el próximo 10 de abril.
Ricardo Raphael
@ricardomraphael
